El endoscopista Diego Bialolienker, uno de los dos médicos investigados por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, había propuesto realizar tareas comunitarias por dos años para evitar el proceso judicial. El pedido fue rechazado por el Tribunal Oral, decisión que confirmó este martes la Cámara de Casación Penal.
De esta manera, el próximo 10 de junio comenzará el juicio contra Bialolienker y la anestesista Nélida Inés Puente, ambos acusados por la muerte de la periodista, ocurrida el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio La Trinidad, durante una intervención.
El juicio tendrá fecha de inicio el día 10 de junio y finalizaría el 28 del mismo mes. Ambos profesionales, pertenecientes al staff del Sanatorio La Trinidad de Palermo, se encuentran procesados y embargados por el delito de homicidio culposo en grado de coautores.
Bialolienker y Puente fueron parte los médicos que asistieron a la periodista y sobre quienes recaen las acusaciones (Télam)
Débora Pérez Volpin murió el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio La Trinidad (Damián Rodríguez)
La pena que enfrentan Bialolienker y Puente va de 1 a 5 años de prisión, más una accesoria de 5 a 10 años de inhabilitación para ejercer la actividad médica.
La investigación habría probado que el endoscopista produjo una perforación en el esófago de la periodista y que nunca advirtió dicha perforación al introducir el endoscopio en el cuerpo de la paciente, lo que produjo una crisis cardiorrespiratoria en la paciente.
Esta situación no habría sido advertida a tiempo por la anestesista, que según consta en la causa, al inicio del procedimiento no había conectado a Pérez Volpin a los equipos que controlan la frecuencia cardíaca y respiratoria, presuntamente una de las razones por las que no habría detectado desde en principio la crisis cardiorrespiratoria.
Tras el nuevo rechazo a la probation solicitada por el endoscopista sólo resta esperar por el inicio del juicio el próximo 10 de junio
Al ser advertido tardíamente el cuadro, la anestesista es acusada además de no haber tomado las decisiones correctas para contener la crisis, precisaron las mismas fuentes, al decidir el empleo de una técnica de reanimación deficiente y nociva para la salud de la paciente. Para basarse en esta presunción, la querella hace hincapié en que la autopsia determinó que la muerte de Pérez Volpin resultó violenta, es decir, según esta interpretación, provocada.
Fue tras la elevación de la causa a juicio que el endoscopista Bialolienker, en un intento por evitarlo, solicitó una probation. Para ello pidió al Tribunal Oral que le concediera el permiso de realizar tareas comunitarias por dos años a cambio no recibir una pena por el delito del que se lo estaba acusando.
La querella y la fiscalía se opusieron a que se le otorgue ese beneficio, presentando argumentos legales y jurisprudenciales, expresando que no encuadra para este tipo de delitos. Sobre esta base el Tribunal Oral decidió rechazar el pedido del Bialolienker. La defensa del endoscopista, como era de prever, presentó el recurso de Casación, que tampoco hizo lugar al pedido.
