La Justicia citó a indagatoria a Corina de Bonis. También imputó por el mismo delito a la directora que dijo haber recibido amenazas telefónicas.
Fue un episodio que puso en alerta a todo el sistema educativo provincial. Una maestra, que realizaba tareas sociales en medio de un conflicto gremial, dijo haber sido obligada a subir a un coche, donde la agredieron y le dejaron un mensaje mafioso escrito con un cuchillo en el abdomen
Pero todo resultó una fábula. La Justicia bonaerense procesó y citó a indagatoria a la docente Corina De Bonis (47), quien en setiembre del año pasado denunció que fue secuestrada y torturada en un barrio del partido de Moreno. Según informaron a Clarín fuentes judiciales, la maestra fue imputada por falso testimonio y falsa denuncia, y también quedó involucrada en el expediente la vicedirectora del Centro de Educación Complementario (CEC) 801, donde se desempeñaba la educadora.
El 12 de setiembre del año pasado, el dirigente sindical Roberto Baradel, secretario general de Suteba, denunció que a De Bonis la habían levantado en un coche cerca de su casa, en una zona suburbana de Moreno. De acuerdo con el relato de la docente, mientras la trasladaban de un lugar a otro, en el asiento trasero – a donde la metieron encapuchada- con un objeto tipo punzón le escribieron en el abdomen la frase “ollas no”.
Además, desde el gremio dijeron también que -de acuerdo con el relato de la víctima- días antes de esa supuesta privación ilegal de la libertad habían recibido amenazas telefónicas en el centro educativo. Eran advertencias por el trabajo social que hacían las trabajadoras de la educación mientras las clases estaban suspendidas en el distrito desde el 3 de agosto, cuando el estallido de una garrafa en la primaria 41 provocó la muerte de dos docentes.
No estaba claro de dónde surgían las amenazas. Según dijeron los denunciantes, también hubo paredes con pintadas y otros mensajes por teléfono en los que se los instaba a “dejar de hacer política y dar clases”. Y que los ataques incluyeron rayones en los vehículos de los docentes, también con leyendas amenazantes.
Un mes después del incidente, el Procurador General de la Corte, Julio conte Grand, planteó dudas sobre el caso.
Ahora, el fiscal Emiliano Buscalia, a cargo de la UFI N° 5 del departamento judicial Moreno-General Rodríguez, dispuso la indagatoria de De Bonis y también imputó por falso testimonio a María Fuentes, vicedirectora del CEC 801. Fue la directiva que dijo haber recibido las advertencias telefónicas. Pero las pericias determinaron que en realidad, el llamado presuntamente amenazante fue efectuado por la misma De Bonis.
De Bonis y Fuentes deberán presentarse el 2 de mayo en la fiscalía. Al citarlas a indagatoria (según el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal) el fiscal presume que existen evidencias suficientes y elementos vehementes para considerar que fueron las autoras de los delitos investigados.
Las educadoras no irían presas. Porque los ilícitos que les imputan tienen pena que va de un mes a 4 años de prisión. Y por lo tanto es excarcelable.
El caso provocó conmoción en Moreno y también impactó sobre el gobierno provincial. Es que entonces, la Provincia estaba en plena disputa por una paritaria que no lograba cerrar con los gremios docentes. Y además, el distrito llevaba más de un mes sin clases, porque después de la trágica explosión en la escuela 41, los directivos de todo Moreno habían decidido suspender las actividades hasta que se garantizara el buen estado de todas las instalaciones en los edificios escolares.
Era un escenario de confrontación. El Frente de Unidad Gremial había dispuesto más de 15 días de huelgas provinciales por la disputa salarial. Y fue Baradel quien difundió a todo el país el presunto secuestro y tortura contra De Bonis. “Informamos de esta situación al ministerio de Seguridad y queremos que la Justicia lo esclarezca”, dijo entonces el dirigente kirchnerista.
El caso asumió volumen político porque responsabilizaron al gobierno de María Eugenia Vidal por el episodio. “Exigimos que la Provincia de Buenos Aires cuide a sus docentes, no puede ser lo que estamos viviendo en Moreno, es muy grave”, declaró entonces la secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torres.
Este martes, cuando se conoció la resolución del fiscal Buscaglia, en el gremio dijeron a Clarín que “esto (la investigación judicial) era lo que reclamamos en ese momento”.
Buscaglia concluyó -a partir de las pericias- que “está descartado que De Bonis haya sido interceptada en el cruce de las calles La Tablada y Lugones”, como denunció la maestra. Tampoco se comprobó que haya sido “arrojada” en la esquina de La Piedad. Las filmaciones obtenidas por la DDI de Moreno determinaron que “el hecho pueda haber ocurrido en ese lapso temporal y en el lugar indicado”.
La fiscalía incorporó estudios psiquiátricos que concluyen que el relato “posee características estereotipadas, resultando ser una persona pasible de sugestibilidad e influenciabilidad”. La docente -dicen los expertos- “pudo haber sido utilizada por otras cuestiones políticas”.
