Donald Trump ordenó activar un artículo de la llamada ley Helms-Burton que permite a ciudadanos cubanos reclamar sus propiedades.
Los empresarios europeos radicados en Cuba están preocupados por la ampliación de las sanciones de Estados Unidos a la isla y que implicarían demandas judiciales en su contra, aseguró el embajador del bloque continental en la nación caribeña.
“Hay una enorme preocupación. Aquí hay empresarios que llevan 20, 30 años en la isla, que han apostado por invertir sus recursos financieros en Cuba, por impulsar el comercio, el turismo, los intercambios y me comentan muchos de ellos que no han vivido una situación parecida”, sostuvo el representante de la Unión Europea, Alberto Navarro.
A partir del 2 de mayo y luego de que la administración del presidente Donald Trump activara el capítulo III de la llamada Ley Helms-Burton, gigantes del turismo como Iberostar o Meliá o comercializadores de ron como Pernod Ricardpodrían estar expuestos a que ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos inicien acciones legales en Estados Unidos si consideran que éstas compañías usan propiedades nacionalizadas suyas tras la revolución cubana de 1959.
La Ley Helms-Burton incrementa las presiones y sanciones contra Cuba impidiéndole, por ejemplo, vender sus productos en Estados Unidos, castigando a los navíos y aviones de bandera isleña, restringiendo el financiamiento y ahora, permitiendo las demandas.
Obstáculos
Los empresarios “ven que hay obstáculos para intercambios legítimos de carácter financiero, comercial. De ahí que la Unión Europea vaya a utilizar todas las medidas a su alcance para proteger los intereses de nuestros empresarios”, agregó Navarro.
Por su fuerte presencia en la isla, compañías europeas y canadienses están en la mira de las potenciales demandas.
La nueva medida de Trump se sumó a otras restricciones anunciadas en los últimos meses para los viajes de estadounidenses a la isla, sanciones a las empresas navieras que traigan petróleo a Cuba y una retórica anticomunista radical. El objetivo es presionar por un cambio en el sistema político cubano.
En contra
“Un país puede adoptar la legislación que quiera y aplicarla adentro de su país. Podemos criticarla, si nos gusta o no nos gusta”, indicó Navarro. “Lo que no puede haber es que un país quiera imponer su legislación a los demás y eso es lo que hace este título III de la Helms-Burton, algo completamente contrario al derecho internacional y por tanto ilegal”.
Navarro aseguró que la Unión Europea dará pelea para defender a sus empresarios y las autoridades del bloque no descartaron usar todos los medios a su disposición, como acudir a la Organización Mundial de Comercio.
“Tenemos lo que llamamos leyes antídotos”, que datan de 1996 por las que las empresas europeas “tienen obligación jurídica de no colaborar con la justicia norteamericana” o atender requerimientos de un juez de ese país, dijo Navarro. Estas normas de protección son de cumplimiento obligatorio para todas las compañías de los 28 estados miembros del bloque.
La UE representa un tercio del comercio exterior de Cuba.
El bloque exporta a Cuba unos 2.200 millones de euros de los cuales la mitad corresponde a España- e importa productos cubanos por 400 millones. La UE también es el mayor inversor en la isla.
