El 2 de agosto de 2013, el departamento de María Laura Martín, en el 9º B del edificio de Salta 2141, estuvo colmado. Una decena de propietarios y algunos inquilinos llegaron hasta allí para continuar con una reunión de consorcio que había comenzado en el palier del edificio, pero que por el ajetreo típico de un viernes se había decidido trasladar hasta allí para evitar interrupciones.
En el extremo de un sillón que estaba situado perpendicular a calle Salta se sentó Iván Gasparini, quien vivía en el 9º A. En el living también estaban Daniel Badalassi, del 5º B, y otros copropietarios. Por la administración de consorcio dieron el presente Norma Bauer, madre de Mariela Calvillo (administradora) y Carlos Repupilli, por entonces marido de Calvillo y quien actuaba, de acuerdo a los testimonios de testigos en el juicio, como abogado de la administración.
Según narró Martín ayer, en esa reunión se presentó al gasista Carlos García, quien explicó qué tarea debía hacerse para cambiar el regulador de gas del edificio y solucionar los problemas de presión que estaban teniendo.
García había tomado contacto con la administración por medio de la Asociación de Gasistas, entidad a la que Litoral Gas había indicado llamar para contratar a personal idóneo que pudiera realizar el cambio de regulador.
Badalassi remarcó ayer algo que ya habían dicho otros testigos en días anteriores. García les aseguró que el trabajo era “una boludez” y que demandaría “un par de horas”. Lo mismo remarcó Gasparini.
Martín, en tanto, señaló que García le pareció “muy seguro. El nos dijo que tenía autorización de Litoral Gas para cambiar el regulador”, remarcó, pero ante una pregunta de la defensa de los empleados de la empresa para saber si ella había visto alguna autorización por escrito, destacó: “Tenía un montón de papeles, mostró, pero yo no los leí”.
En esa reunión se votó cambiar el regulador y contratar sus servicios. Cuatro días después, García llegó temprano con su ayudante a realizar la tarea. El trágico final es triste y conocido.
