Baclini espera que el juicio termine “con una resolución que responda y sea acorde a la prueba que nosotros vamos a presentar en el juicio”.
Jorge Baclini dijo que el Ministerio Público de la Acusación trabaja y quiere que el juicio se haga con las garantías de un tribunal imparcial, que sea garantía para los imputados y también para las víctimas, y que “no podemos permitir que se siga extendiendo la fijación del juicio por mucho más tiempo. Vamos a articular todos los mecanismos posibles para que el juicio se desarrolle a la mayor brevedad posible porque esta extensión es perjudicial para para toda la comunidad; es perjudicial para el imputado, para la defensa, para la fiscalía y también para la querella. Queremos que esto se termine lo más pronto posible con una resolución que responda y sea acorde a la prueba que nosotros vamos a presentar en el juicio”.
Aseguró que se analizará uno a uno a quienes sean designados para integrar el tribunal “para que se de la mayor garantía y transparencia en el proceso judicial que es bastante complejo por las personas y por el tipo de delito que se está investigando”,en clara referencia a que el acusado es un sacerdote, las víctimas dos criaturas; y se trata de un delito sexual que tiene la particularidad que se produce en ambientes de intimidad, sin testigos.
Sobre el riesgo de revictimización de las víctimas, el N° 1 de los fiscales santafesinos respondió que “la idea es darle la mayor protección a las víctimas, que se les respete el derecho y se les de protección, sobre todo en delitos como en este caso donde la exposición pública afecta y daña en mayor importancia a las víctimas”.
También el sacerdote y su familia siguen apurando públicamente al Poder Judicial para que se concrete el juicio.
Vale recordar que el sacerdote Néstor Monzón fue detenido el martes 19 de abril de 2016 frente al templo donde predicaba, perteneciente a la Parroquia María Madre de Dios del Barrio Hospital de la Ciudad de Reconquista.
Se mantuvo en prisión preventiva varios meses hasta que se aseguraron las pruebas, y luego recuperó la libertad.
El 04 de julio de 2017 el Juez de la instrucción penal preparatoria Gonzalo Basualdo resolvió enviarlo a juicio, convencido que había pruebas suficientes para ese paso.
El juicio Oral y Público aún no tiene fecha ni tribunal por una sucesión de excusaciones de jueces y discusiones sobre quiénes deben integrar el tribunal.
El fiscal que tiene a su cargo la persecución penal es Alejandro Rodriguez, quien trabaja en sintonía con su jefe, Rubén Martínez.
Son querellantes por las familias de las dos víctimas los doctores Adrian Picech, Luciana I. Gonzalez, Andrés C. I. Ghío y Andrés Ramseyer.
El sacerdote es defendido por el estudio del Dr. Ricardo Degoumois.
