Leandro Rodríguez Lastra fue denunciado por una diputada por no cumplir con un aborto no punible en un caso de violación. El médico dijo que el embarazo estaba muy avanzado, el bebé finalmente nació y fue dado en adopción
Leandro Rodríguez Lastra, el ginecólogo que se negó a practicarle un aborto a una joven de 19 años, fue declaro culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Está acusado de obstruir un aborto no punible a una joven de 19 años víctima de violación y en los próximos días se conocerá la pena, que puede ser de hasta dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina. “Sigo convencido de mi inocencia”, declaró ante la prensa al finalizar la audiencia.
En abril de 2017, una joven de 19 años con un embarazo no deseado llegó derivada desde otro centro de salud a la guardia del hospital Pedro Moguillansky de la ciudad de Cipoletti, Río Negro, con fuertes dolores tras haber ingerido una droga abortiva proporcionada por una ONG. Allí se constató que llevaba 22 semanas y media de gestación, de acuerdo a lo que dijo al ingresar, con un embarazo producto de una violación intrafamiliar.
Rodríguez Lastra (MPRN 6818) fue quien la atendió y tras revisarla se negó a practicarle un aborto porque, argumentó, había riesgo para la madre y el feto en gestación. El embarazo siguió adelante en lo dos meses que permaneció internada allí, el bebé nació y fue dado en adopción.
Tiempo después, la diputada provincial Marta Milesi (Juntos Somos Río Negro), médica pediatra y autora de la ley N° 4796 de aborto no punible en la provincia de Río Negro, lo denunció por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, delito penado en el Artículo 248 del Código Penal, por no haber acatado el Protocolo de aborto no punible en casos de abuso.
La fiscal Annabela Camporesi había solicitado que el ginecólogo sea declarado culpable ya que no respetó el deseo de una víctima de violación de interrumpir el embarazo, que le suministró sin su consentimiento medicación para detener las contracciones producidas por el misoprostol y que “puso trabas en un proceso ya iniciado”. “El ginecólogo hizo todo lo posible para no hacer la ILE pese a que en ese entonces no era objetor de conciencia”, manifestó junto al fiscal Santiago Márquez Gauna.
En las vísperas al dictamen, se llevaron a cabo durante todo el lunes dos movilizaciones -a favor y en contra del médico- en distintos puntos de la ciudad y en la puerta de los Tribunales cipoleños.