El tribunal estadounidense denegó el cambio de jurisdicción que había solicitado el Estado. El caso seguirá tramitando en Nueva York, donde un fondo buitre reclama unos u$s3000 millones.
La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó un pedido de la Argentina de revisar la jurisdicción de la demanda que un fondo buitre hizo al país por la expropiación de YPF.
El máximo tribunal de los Estados Unidos devolvió así el caso a la jurisdicción de Nueva York, donde la causa avanza y el fondo Burford, que compró los derechos de juicio de las empresas Petersen, tiene fallos preliminares a su favor.
El veredicto de la Corte estadounidense era esperado, ya que semanas atrás el gobierno de los Estados Unidos rechazó expedirse como amicus curiae a favor del país, lo que hubiera dado algo de esperanza a la postura argentina.
Burford, que ya ganó un juicio por la estatización de Aerolíneas Argentinas, compró en España derechos de juicio de Petersen Energía, la firma que creó el grupo de la familia Eskenazi para ingresar en YPF en 2008. Los Eskenazi, sin embargo, repitieron varias veces que no tienen nada que ver con el litigio que se desarrolla en Nueva York.
El fondo buitre inició entonces un reclamo en esa corte distrital por unos 3000 millones de dólares. Argumentó que, por estatutos, YPF debió haber hecho una oferta a los accionistas minoritarios cuando indemnizó a Repsol por la estatización de la petrolera.
El fondo Eton lleva adelante un reclamo similar, por unos u$s465 millones.
Ambos expedientes tramitan en la corte del segundo circuito de Nueva York. La jueza Loretta Preska quedó habilitada para continuar con el proceso.
En una primera instancia la jueza Preska avaló el reclamo de Burford y consideró que YPF incumplió su estatuto y los prospectos de cotización pública. La Argentina apeló ese fallo, pero el pasado 19 de abril la Corte de Apelaciones dejó firme la sentencia.
La Argentina buscaba traer el juicio a Buenos Aires, argumentando que la expropiación del control accionario de la petrolera de capitales mixtos se debió a una decisión de Estado.
El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, viajó el fin de semana a Nueva York para esperar la decisión de la Corte.
