La joven Mariana Gómez, procesada por resistencia a la autoridad y lesiones graves por haberse dado un beso con su esposa en la estación de Constitución en octubre del 2017, podría ser condenada a dos años de prisión. Así lo pidió ayer en un tribunal la fiscal Diana Goral.
La jueza María Fontbona de Pombo dará el veredicto este viernes 28 de junio, justo el Día Internacional por el Orgullo LGTB. La defensa de Mariana Gómez, a cargo de Lisandro Teskiewicz, pidió la absolución alegando que no existe ningún sustento en los hechos y que se trata de un caso de lesbofobia.
El caso
En el forcejo para detenerla, la agente Villareal perdió un mechón de pelo que originó la calificación de “lesiones graves”. Según la fiscal, “para cualquier mujer es muy grave que le arranquen el pelo, porque tarda mucho en crecer”. Pero luego una pericia médica pedida por la defensa de la chica lo consideró “lesiones leves”.
“Vamos a hacer una convocatoria aún más grande. Lo único que nos queda es esperar. No podemos creer que estemos pasando esta situación”, expresó Rocío Girat, esposa de Mariana. “Además de la pena, la mujer se dirigió a Mariana en más de una oportunidad como ‘Mariano’ y ‘el imputado’. No hay dudas de que esto es un caso de lesbofobia y no lo vamos a permitir”, dijo Rocío.
Mariana fue detenida por agentes de la Policía de la Ciudad en el acceso al Centro de Transbordo de la estación Constitución el 2 de octubre del 2017. “Estábamos fumando en un lugar sin paredes donde no había carteles y había más gente fumando”, había asegurado en su momento Mariana Gómez, quien detalló que, en esa situación, el agente de policía Jonathan Rojo se había dirigido a ella diciéndole: “Pibe, ¡apagalo!”.
“Yo le aclaré que soy mujer, apagué el cigarrillo y me quise ir, pero él se me pone adelante y ahí tuvimos un encontronazo pero sin ni siquiera levantar la voz, tras lo cual me detuvo”, había relatado la joven. Mariana y Rocío se conocieron en 2014 en un canal de televisión, cuando ambas concurrieron a dar su testimonio público acerca de los abusos sexuales que habían sufrido cuando eran menores por parte de familiares y a reclamar prisión efectiva para quienes habían sido sus violadores.
La defensa encarnada por Lisandro Teszkiewicz, del colectivo Abogados por la Justicia Social, planteó que no se encontraba configurado el delito de “resistencia a la autoridad” porque la directiva debe ser legítima para que deba ser cumplida.
Fuente: cronica.com.ar
