El ex ministro de Planificación Federal está preso en Marcos Paz. La defensa recordó que en diciembre el ex funcionario cumple 70 años, una de las condiciones para tener ese tipo de beneficios.
El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido pidió a la Justicia que le otorgue la prisión domiciliaria por “razones humanitarias”, en el marco de la causa por el pago de sobornos que se inició con las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
El planteo ya fue rechazado por el juez Claudio Bonadio, pero ahora será analizado por la Cámara Federal.
La defensa recordó que en diciembre el ex funcionario cumple 70 años, una de las condiciones para tener ese tipo de beneficios.
De Vido, preso en Marcos Paz y candidato a diputado nacional por el Partido Dignidad Popular, dijo que está transitando los 70 y sobre la cuestión humanitaria, recordó la defensa que el Estado suscribió la Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores, en la cual hace referencias a personas mayores de 60 y/o de 65 años.
“Este razonamiento, tan lógico como comprobable, remite a que cumplidos los 69 años, es decir, el traspaso de un total de 25.185 días aproximadamente, comienza el recuento del año 70 de vida, momento en el cual nos encontramos”, dijo la defensa.
Por otra parte, aludió a “razones humanitarias”, ya que es insulinodependiente, tiene hipertensión arterial y una enfermedad vascular coronaria, entre otras enfermedades.
En otro tramo de la presentación, el ex funcionario recordó que fue beneficiado con prisión domiciliaria el ex director de Yacyretá Oscar Thomas.
Para la defensa, con la prisión domiciliara “lo único que variará es la posible ingesta de dietas alimenticias ajustadas a sus necesidades, la realización de rutinas de ejercicio físico prescriptas médicamente, la contención familiar y médica necesaria”.
“No hablamos aquí de libertad, mucho menos de los riesgos que deben ser analizados frente a la posible excarcelación del imputado, sino de la posibilidad de sostener dicha detención bajo criterios menos gravosos para su salud, que aseguren la dignidad de la persona y la ausencia de tratos inhumanos que generen un gravamen concreto al individuo por parte del Estado que debe, frente a toda arbitrariedad, defenderlo”, añadió.
