La mano del FMI ya maneja los hilos de la política económica argentina, con un plan de estabilización en busca del superávit fiscal primario para afrontar los vencimientos de deuda. Ese es el foco principal de los acuerdos Stand By. Así, no es extraño que su último pronóstico, que contempla una expansión de la actividad en ascenso desde el 1,1% en 2020 hasta el 3,6% en 2023 y 2024, no prevea un impacto positivo en el mercado laboral y augure un desempleo promedio del 10% en 2019 y 2021; del 10,1% en 2020; del 9,8% en 2022; del 9,4% en 2023; y del 9,1% en 2024. Además, la inversión seguiría por debajo del 15% en relación con el PBI.
“El único foco sigue siendo que el Gobierno cumpla sus objetivos de política fiscal y de repago de la deuda, tal como siempre caracterizó al FMI y a este acuerdo. Lo productivo y lo social seguiría en emergencia”, señaló Martín Kalos, director de Epyca.
El plan del Fondo no queda ahí. El diseño actual del stand by, por un lado, le desembolsa el 90% del préstamo al Gobierno para que garantice el pago de los vencimientos y la salida de capitales con menores sobresaltos cambiarios antes de las elecciones. Por otro, dejará un calendario de repago imposible de afrontar, con el que buscará empujar al próximo Ejecutivo hacia un EFF: entre 2022 y 2023, Argentina debería devolverle al FMI más de US$46.000 millones entre capital e intereses. Si a eso se le suman los compromisos en dólares con acreedores privados, el monto se duplica. En conjunto esto equivale al 10% del PBI. Todo eso con un riesgo país cercano a los 800 puntos que muestra un mercado financiero cerrado.
En el hipotético caso de que se logren refinanciar los vencimientos privados, quedará el lastre de los pagos al Fondo. La alternativa del board será un EFF, un préstamo menos abultado pero con hasta diez años de plazo de repago, donde los giros están supeditados al cumplimiento de metas fiscales y a la aplicación de las reformas laboral, previsional y tributaria.
