Mauricio Macri dispondría de un decreto para crear un registro que busque ampliar el marco de investigación de agrupaciones que hoy no pueden ser perseguidas por impedimentos legales.
En una carrera contra reloj el Gobierno afina en estos días los detalles técnicos de un decreto presidencial que estaría destinado a crear un Registro Nacional de Personas y Organizaciones Sospechosas de Terrorismo (RENAPOST) con el doble propósito de dar una señal a la comunidad judía el 18 de julio cuando se cumplirán 25 años del atentado contra la AMIA y, al mismo tiempo, responder a un planteo que viene haciendo desde hace tiempo la administración norteamericana de Donald Trump en la región.
El esquema que se analiza en la Casa Rosada en estricta reserva persigue como intención de fondo consolidar una herramienta legal a fin de que la justicia y los organismos de seguridad en pleno puedan perseguir sin inconveniente alguno a las agrupaciones terroristas como Hezbollah o ISIS, ya que están no están encuadradas hoy en la arquitectura jurídica de la Argentina.
La administración de Mauricio Macri sólo se limitó en los últimos años a investigar agrupaciones terroristas encuadradas en la lista que ofrece Naciones Unidas y que no incluye a Hezbollah, uno de los grupos acusados judicialmente de participar en los atentados a la embajada de Israel en 1992 y en el ataque a la AMIA en 1994.
Sólo en contadas oportunidades el gobierno de Macri, por medio de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), hizo uso de un decreto 918/2012 que viene de la época de Cristina Kirchner y que faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante el congelamiento administrativo de bienes y/o dinero vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal con el fin de proteger la integridad del orden económico financiero, así como la paz y seguridad internacional, conforme a normas y estándares internacionales.
