Espera amarga. Así están desde hace un mes siete trabajadores despedidos de la fábrica Electrolux, de Batlle y Ordóñez 3436, mientras exigen que se cumpla la resolución judicial que ordena la reincorporación a sus puestos laborales.
El pasado 17 de junio la jueza Mónica Pinotti, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ordenó a la firma retomar a los empleados cesanteados y le dio cinco días corridos para cumplir con el fallo. El quid de la cuestión es si los despidos se concretaron por dentro o por fuera del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), ya que la empresa tramitó la medida de excepción el mismo día que ejecutó las cesantías, el pasado 29 de abril.
Pasado el período impuesto, determinó una penalización de 2.000 pesos por día por cada trabajador hasta que diera cumplimiento: la metalúrgica de zona sudoeste ya adeuda 400.000 pesos, y sigue en falta.
“La empresa está decidida a no cumplir con la medida cautelar que dictó la Justicia nacional. La semana pasada nos presentamos nuevamente en la puerta de la empresa y no nos dejaron pasar. Hasta contrataron a personal de seguridad para hacer guardia en la entrada”, lamentó Lucas Tondo, uno de los despedidos, a quien echaron el pasado 29 de abril.
El trabajador despedido del principal polo de línea blanca del país explicó que lograron una medida cautelar que decidió que los siete trabajadores tenían que ser reincorporados hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que si las cesantías fueron ilegales o no. En caso de no acatar, se aplica una penalidad que se denomina astriente. Y eso es lo que comenzó a acumular Electrolux.
“En su resolución, el juez había dicho que es suspicaz que el mismo día que estaba pautada una audiencia en el Ministerio de Trabajo (29 de abril) despidieran a los trabajadores y armen un Procedimiento Preventivo de Crisis”, remarcó.
Tondo contó que se presentaron con un escribano y un abogado en la entrada de la fábrica para dejar asentado legalmente que, a pesar de lo que dispuso la Justicia, no pudieron entrar a trabajar.
“La empresa está decidida a no cumplir con la resolución del juez. Si la empresa está pasando por una crisis, cómo no cumple con el fallo judicial. Es decir, elige pagar tres veces más de lo que le saldría reincorporar a los siete trabajadores despedidos”, resumió Tondo.
Mientras la empresa Electrolux no acate la medida cautelar, los despedidos seguirán exigiendo que se cumpla. “Estamos en una nueva etapa de lucha. Nos vamos a seguir moviendo hasta poder entrar a trabajar nuevamente. Las medidas que vamos a tomar no están definidas. Veremos si vamos a ir a la puerta de la fábrica, al Ministerio de Trabajo de la provincia o a cortar una autopista”, advirtió Tondo.
Los cesanteados son Lucas Tondo, Víctor Del Real, Priscila Del Moro, Germán Caravaca, Gisela Álvarez, Elías Aukstakalnis y Leonardo Bravo. “La empresa actúa con impunidad a pesar de las medidas judiciales. Le exigimos al Ministerio de Trabajo de Santa Fe que tomen las medidas necesarias para volver a nuestros puestos laborales”, expresaron en comunicado.
