Los altos costos de financiamiento, la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de servicios y la apertura importadora provocaron un combo explosivo para las empresa de menos de 100 empleados. Los programas Repro disminuyeron sideralmente y aumentaron drásticamente instancias de quiebras y PPC.
La caída de la actividad en la amplia mayoría de los sectores productivos se expresó en una brutal reducción de la cantidad de empresas Pymes en el país. De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), el total de empresas de menos de 100 trabajadores registradas en diciembre de 2015 alcanzaba los 559.318. A partir de allí, la cantidad de empresas se redujo drásticamente, llegando en abril de 2019 a 540.465.
La recesión económica arrojó seis caídas consecutivas desde que el Indec publicó en septiembre de 2018 los primeros números negativos. Estos datos equivalen a dos trimestres seguidos de retroceso en la actividad (el segundo y el tercero del año pasado), y los meses siguientes, hasta marzo de 2019, que fueron incluso peores.
La política de altas tasas reinaugurada el 1 de octubre de 2018 luego del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene mucho que ver con este proceso de retracción en la actividad, afectando las ventas de las empresas y la propia viabilidad del sector productivo por el alto costo de financiamiento.
Con la consolidación de este contexto recesivo, se deprenden cuatro ejes fundamentales que provocaron la reducción de empresas. Entre ellos el informe señala: El aumento del costo de financiamiento, la caída del poder adquisitivo, el aumento en los servicios (electricidad, gas, agua) y la apertura importadora.
La reducción en la cantidad de empresas de menos de 100 trabajadores se produce a la par del aumento de la tasa de interés de referencia, particularmente desde abril de 2018 en adelante. Si en diciembre de 2015 la cantidad de empresas eran 559.318, en abril de 2019 se habían reducido a sólo 540.465. A la vez, la tasa de referencia pasó de 36,5% en diciembre de 2015 a 68,32% en promedio en abril de 2019.
A la vez, la reducción en la cantidad de empresas de menos de 100 trabajadores acompaña la caída del poder adquisitivo y se mueve a la inversa del aumento del costo de servicios. De acuerdo a los datos de Cepa, en los tres años señalados, la pérdida de poder adquisitivo promedio de los trabajadores formales fue del 16%. En tanto, en el mismo período, el aumento de la factura de electricidad, en proporción, pasó de 100 a 1.148, y la de gas de 100 a 1.442
Finalmente, la evolución de las importaciones tiene, hasta la devaluación de abril de 2018, una evolución asimétrica, explicando una buena parte del impacto negativo que han sufrido las Pymes en esta primera etapa. Luego de abril de 2018, la relación se vuelve simétrica, moviéndose la reducción en la cantidad de empresas a la par de la reducción de importaciones.
Menos Programas de Recuperación Productiva
Hasta el 2016, en los casos que se trataran de crisis genuinas de las empresas, la política oficial era promover los denominados Repro (Programa de Recuperación Productiva) con los que se proveía una asistencia salarial a las empresas por medio de una suma fija mensual remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil por trabajador actualizado a la fecha de otorgamiento.
Esta asistencia podía mantenerse por un plazo de hasta 12 meses y con la posibilidad de extenderlo por 12 meses más, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral correspondiente. Entre 2015 y 2017, según datos de la cartera laboral, la cantidad de beneficiarios del programa Repro disminuyó 20%. De hecho los casos se concentraron en menos empresas y el monto destinado al programa disminuyó en términos reales.
Esa disminución, lejos de relacionarse a una mejora en la situación laboral se debió al incremento en los requisitos exigidos a las empresas y a la disminución de los plazos aprobados (que pasaron en promedio de 12 meses a 3 meses). De hecho, desde el entonces Ministerio desalentaron su uso alegando que “promueve la competencia desleal”.
Los montos asignados por el ministerio de Trabajo cayeron de manera tal que los desembolsos para asistir a empresas en dificultades, pasaron de 1.174.000 pesos en 2015, a 902.000 pesos en todo 2017 según datos oficiales.
Más quiebras y Procesos Preventivos
El informe también relevó la cantidad de concursos y quiebras poniendo foco en Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y Provincia de Buenos Aires (PBA), que en 2017 representaron el 61% de las empresa registradas en el país.
El informe arrojó 292 casos en el primer trimestre de 2019, que representó un 16% más con respecto a igual período de 2018. Con respecto a 2016, el incremento de concursos y quiebras es del 76%, incrementándose indefectiblemente año a año.
El año 2018 fue el que mayor número de presentaciones registró el procedimiento preventivo de crisis – PPC – (108 en total), con una tendencia notoriamente creciente desde 2015. En total, desde 2016 a 2018 se registraron 246 pedidos de procesos preventivos de crisis
En Santa Fe
El Proceso Preventivo de Crisis (PPC), procedimiento al que apelan las empresas para sortear el impacto de la crisis, también tuvo su impacto en la provincia. En 2018 la provincia terminó con 284 Procesos Preventivos de Crisis (PPC) tramitados contra los 194 que se registraron a fines de 2017, lo que marcó un incremento de 46%. En esa cifras otorgadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe no se contabilizan los casos de quiebras.
Fuente: elciudadanoweb.com
