El juez Hernán Postma ordenó al gobierno provincial frenar las subastas anticipadas de cuatro autos decomisados a personas que están siendo juzgadas por delitos en Rosario. El magistrado señaló que la administración desobedeció una orden judicial previa que ordenaba no realizar las subastas hasta que hubiera una sentencia definitiva contra las personas a las que se les secuestraron los vehículos. Con expresión contrariada, Postma reprochó que la provincia no haya interrumpido los remates, que se concretaron dos días después de la decisión judicial que exigía no innovar.
El efecto de la resolución de ayer es que cuatro vehículos subastados el pasado 25 de octubre no podrán ser entregados a quienes los adquirieron en un remate. El Estado deberá devolver el dinero de tres de los autos a los compradores. En un caso ya se hizo, por lo que en la misma audiencia el planteo de reintegrar un cuarto vehículo se volvió abstracto. El representante de la Fiscalía de Estado señaló que esto afecta solamente a cuatro autos de los más de 50 subastados. Y que se apelará la decisión judicial.
La resolución no clausura el tema pero dibuja una fuerte advertencia a una acción iniciada por la provincia de Santa Fe que fue promocionada como una novedosa política criminal, en tanto ataca la finalidad del delito, que es obtener rédito económico, a la vez que permite la compensación a las víctimas con lo recaudado en los remates.
A partir de la ley 13.579 que permite el decomiso de bienes obtenidos como consecuencia de delitos cometidos en jurisdicción provincial, sancionada por unanimidad en la Legislatura en 2016, se iniciaron las subastas a través de la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En Rosario se entabló desde el principio un pleito legal contra uno de los apartados de la ley, que permite la subasta anticipada. Esto se pensó como excepción con un motivo defendido por todos los legisladores, que es evitar los gastos y exigencias que supone el mantenimiento y la conservación del vehículo. El sustento de la ley es que al Estado le cuesta más mantener un vehículo que ejecutarlo.
