Lo más preocupante es que el 78% (168.700) de los puestos perdidos durante el último año eran de calidad. También bajó en 29.000 la cantidad de monotributistas, en 59.200 la de monotributistas sociales y en 2.500 la de autónomos. Las únicos que incorporaron trabajadores formales fueron el sector público (26.200) y las casas particulares (16.100). El resultado es claro: el empleo registrado cae y, al mismo tiempo, se precariza.
En ese sentido, desde noviembre de 2015, antes de que asumiera su mandato Mauricio Macri, se crearon apenas 42.000 puestos laborales formales, lo que significa un crecimiento de apenas 0,3% en tres años y medio, un período durante el cual la población se expandió casi 4%. Además, en ese lapso, se destruyeron 185.000 puestos asalariados privados, lo que equivale al 2,4% del total en la medición desestacionalizada. Si se incorpora el efecto del crecimiento demográfico (un cálculo similar al que se utiliza para medir la variación del PBIper cápita), la caída llega al 6%.
Por otra parte, la cartera que conduce Dante Sica informó que el salario real cayó 8,9% interanual en el quinto mes. La pérdida de poder adquisitivo es la otra cara del deterioro laboral y se acentuó a raíz de la megadevaluación del año pasado que disparó la escalada inflacionaria. Con paritarias que siguen corriendo de atrás, el derrape continúa.
Cuestión de modelo
En simultáneo, el Indec informó ayer que en mayo la economía rebotó 2,6% interanual, impulsada casi exclusivamente por un alza del 49,5% interanual en la actividad agropecuaria, que pasó de la sequía a la cosecha récord (ver página 2). Sin ese efecto, el PBI habría retrocedido 4,5%. Así, los números oficiales evidenciaron una crisis productiva que no sale del pozo y que tiene un fuerte impacto en el mercado laboral.
El agro, un sector que representa apenas el 5,3% del empleo asalariado privado, creó 8.900 empleos en los últimos doce meses pero no logró compensar el derrumbe que se produjo en otras ramas. En particular, la industria expulsó a 67.100 trabajadores desde mayo de 2018 y a 147.000 desde noviembre de 2015. Una sangría que se llevó puesta al 11,5% de los puestos fabriles existentes antes del cambio de mandato. El comercio, en tanto, expulsó a 50.000 asalariados.
