El Concejo de Rosario promete unos días de debate tenso. El lunes comisión de Planeamiento comenzó a tratar un pedido para construir una torre sobre bulevar Rondeau con un metraje que va en contra del código urbano actual. Por ahora está trabado en comisión pero un grupo de ediles puja para que salga. El dato de color: el constructor es el futbolista Ángel Di María.
El edificio en cuestión se construiría sobre Rondeau al 1700, en un lote de diez metros de ancho. En 2012, la familia Di María había conseguido un permiso pero con los lineamientos del viejo código urbano y ahora quieren levantar la torre con esa misma normativa, ya caduca, con un permiso especial. Esto despertó un fuerte enfrentamiento entre los concejales sobre los permisos de excepción.
En concreto, el proyecto supone una torre de 36 metros de altura en un lugar donde sólo se pueden construir ocho; y sin los cinco metros de espacio entre las medianeras.
Por el momento, la iniciativa que pretende la familia del jugador del PSG francés cuenta con el aval del bloque de Cambiemos y parte del Frente Progresista. Y tiene la negativa de Ciudad Futura y el Justicialismo. Pero para avanzar al recinto, necesita tener despacho favorable y hasta aquí parece poco probable que lo consiga, al menos para la sesión de este jueves.
Los cruces más fuertes se produjeron entre los ediles Agapito Blanco, de Cambiemos; Fernanda Gigliani, del Partido Progreso Social pero autorreferenciada en el peronismo; y Juan Monteverde de Ciudad Futura.
Para Gigliani, “muchas de estas situaciones de excepciones que se votan no deberían ni ingresar como excepción, como el caso de Di María”. Y cargó contra Blanco, que por fuera del Concejo se dedicó al rubro inmobiliario.
“Me parece que es poco ético en Argentina y en la China que una persona que tiene vinculación con el ámbito inmobiliario forme parte de la comisión de planeamiento y tome decisiones que puede beneficiar a amigos e incluso a él mismo”, criticó la edila.
Blanco, por su parte, aseguró que no hay incompatibilidad con su actividad privada y su rol público; y acusó a la edila y a Monteverde de “faltar a la verdad” y de “acomodar la realidad en función de una conveniencia política”. “Me parece perverso e indignante para con el ciudadano”, se quejó y recordó que hace un año y medio el bloque de Cambiemos en el Concejo presentó un proyecto para “que todos los permisos pudieran ser revisados y puestos en valor nuevamente”, en función del reclamo de la Uocra por la alarmente pérdida de puestos de trabajo.