La muerte del boxeador desnuda la desprotección económica y laboral a la que los están expuestos los púgiles argentinos.
“Papi, estoy mareado”, le dijo el boxeador argentino Hugo Alfredo Santillán a su padre y entrenador, también Hugo Alfredo Santillán, mientras el anunciador leía las tarjetas de los jurados que daban como empate a una pelea televisada para todo el país desde San Nicolás, a 240 kilómetros de Buenos Aires, el sábado 20 de julio. Entonces, Santillán hijo se desplomó. Y aunque alcanzó a responderle al médico cómo se llamaba, en la ambulancia camino al hospital entró en coma y ya no recobró más la consciencia. Con el cerebro hinchado, insuficiencia renal sucesiva y dos paros cardíacos, murió cuatro días después, víctima de una pelea con la que habría cobrado 55.000 pesos argentinos (1.100 euros, 1.240 dólares), poco más de los 45.000 pesos que costó su sepelio.
La muerte de Dinamita Santillán, excampeón sudamericano de 23 años y padre de tres hijos, es uno de esos casos en los que una avalancha de fatalidades se alinean para converger en la gran tragedia final. Pero es, también, la muestra de la indefensión que sufre la enorme mayoría de boxeadores en Argentina, que ni siquiera cuentan con un sindicato que se preocupe por agruparlos y generarles mínimas condiciones económicas y laborales.
Santillán, según coinciden varios especialistas, no debió haber peleado la noche de su combate mortal contra el uruguayo Eduardo Abreu por uno de esos títulos que el boxeo moderno encuentra debajo de las piedras: el latino plata ligero de una de las cuatro organizaciones principales. Poco más de un mes antes, el 15 de junio, el argentino había sufrido una golpiza en Hamburgo (Alemania), en un combate que perdió contra el armenio Artem Harutyunyan y por el que ingresó 4.000 euros. Era una fortuna para el mercado local, aproximadamente lo que podría haber ganado en dos años de boxeo en Argentina. “Voy a dejar mi vida. Peleo por mis hijos así que voy a matar o a que me maten”, había escrito Santillán en sus redes sociales el 10 de junio, antes de subirse al avión.
Pero el costo de su experiencia europea fue infinitamente superior: Santillán debió combatir tres categorías por encima de su peso habitual. Si en Argentina peleaba en pluma o superpluma, categorías que oscilan entre 57 y 59 kilos, en Alemania enfrentó a un rival superligero, que pesó 63,50 el día previo a la velada pero que después contó con 24 horas para rehidratarse y alimentarse: en ese lapso, los boxeadores que necesitan bajar de peso para no sobrepasar el límite suelen recuperar hasta seis kilos. Sumados a los dos de diferencia que arrastraba desde el pesaje, el argentino subió al cuadrilátero con una desventaja abismal. O criminal.
Santillán soportó los 10 rounds, pero las tarjetas favorables al armenio en todos ellos demostraron la inequidad entre los rivales. Por esa acumulación de golpes, la Federación Alemana suspendió a Santillán para pelear en Europa durante 45 días, hasta el 30 de julio. La sanción se desperdigó entre diversos organismos e incluso les llegó a los editores argentinos de BoxRec, la web más consultada por el ambiente, con una excepción: no ingresó oficialmente en la Federación Argentina de Box (FAB). Por un lado no dejaba de ser un formalismo porque, según contaron editores de BoxRec, admistrativos de la FAB los consultaron sobre la sanción de la Federación Alemana y desde la web les confirmaron el descanso obligatorio. Pero desde la legalidad, y aunque algunos de sus empleados sabían extraoficialmente de la suspensión en Europa, a la FAB siguió sin llegar la penalidad oficial y Santillán nunca estuvo inhabilitado en Argentina.
En ese limbo de incomunicaciones, distracciones y zonas grises, una de las empresas de promotores boxísticos más importantes de Argentina, OR Promotions, debió tapar con urgencia una pelea que se le cayó a último momento de la cartelera prevista para San Nicolás el 20 de julio —un púgil avisó que no llegaba a la preparación—. Santillán ocupó uno de esos lugares a falta de una semana. Sin irregularidades desde la letra chica, la FAB no se opuso a la nueva presentación de Dinamita porque quien acepta o declina una pelea no es la federación sino el entrenador del boxeador pero, además, porque no suele rechazar a su proveedor directo de armados de festivales. El caso es todavía más dramático porque el entrenador de Santillán era su padre, un ex boxeador. Luego de la golpiza en Alemania, su hijo no se realizó los estudios médicos que no le correspondían por reglamento, ya que sólo quienes pierden por nocaut deben presentar un electroencefalograma ante la FAB, sino por sentido común: en su derrota por puntos ante el armenio había caído dos veces a la lona.
Sin descanso ni preparación física ideal, Dinamita aguantó de pie las dos peleas pero la acumulación fatal de golpes con 35 días de intervalo desnudó la desprotección de los boxeadores debajo del ring, también de los supuestos profesionales como Santillán: salvo un par de excepciones, en Argentina no hay púgiles que vivan de su actividad. En algunas peleas televisadas cobran 50.000 pesos, 1.000 euros (la cifra sube si está un juego un título más importante), y a lo sumo pueden aspirar a tres o cuatro por año. Dinamita también fue rehén de un sistema en el que los boxeadores son mano de obra barata fácilmente reemplazable: era un muchacho que todavía debía luchar para llegar a la élite y no elegía cuándo peleaba ni contra quién. Rechazar la oferta de un promotor implica el riesgo de volver a ser convocado quien sabe cuando. Debajo hay 15.000 aficionados que esperan su oportunidad.
Muchas peleas se manejan en la informalidad económica, con retribuciones sin facturas. Campeones argentinos con 15 años de experiencia aseguran que tampoco tienen el respaldo de un gremio del que saben su existencia —se llama Boxeadores Argentinos Agremiados— pero al que califican como un sindicato fantasma e inaccesible. Gente del ambiente asegura que no conocen a ningún boxeador afiliado. Otros agregan que fueron a inscribirse y no los dejaron. Héctor Velasco, ex campeón del mundo en 2003, reunió a otros diez exmonarcas y presentó en 2009 ante el Congreso un proyecto de ley que proteja al boxeador, regule su actividad y garantice obra social. Nunca le respondieron.
Tres días después de la muerte de su hijo, en su primera entrevista, Santillán padre le agradeció a los promotores de la pelea por haber pagado los 45.000 pesos del sepelio.
