Los trabajadores portuarios del Cordón Industrial temen que se decida una intervención del sindicato que los agrupa (Supa). No obstante, advirtieron que, si eso se produce, pararán las terminales del país. La amenaza se convirtió ayer en otro capítulo de la detención del líder gremial y empresario Herme Juárez.
“Herme Juárez es un preso político” disparó ayer una fuente ligada al ámbito sindical del dirigente portuario y sostuvo que “se va corriendo el velo de un proceso que fue pergeñado y comenzó con un gran golpe de efecto, la detención del líder de los obreros”.
Para el portuario, el esquema de intervención planteado fue pensado desde el gobierno nacional, que intentaría utilizar como brazo ejecutor a los agentes judiciales bajo presiones para interferir el normal funcionamiento de la Cooperativa de Trabajos Portuarios (CTP) de Puerto San Martín, facilitar la llegada de nuevos operadores a la región y disminuir los costos operativos a través de un proceso de “pauperización del salario” de los trabajadores.
Bajo un estricto pedido de reservar su nombre para evitar poner en riesgo su fuente laboral, indicó que entre las principales sedes gremiales del país está circulando un documento que anticipa una “intervención maliciosa” del Supa, respaldada desde el Ministerio de Trabajo, que persigue la finalidad de “debilitar y correr a la CTP de la escena de los trabajos de estiba”.
El gremialista consideró que “una intervención al sindicato no tiene asidero y son las mismas instituciones locales y sus representaciones nacionales las que no quieren ser parte ni quedar en medio de un atropello semejante, como el que intentan desde el gobierno”.
Según consignaron fuentes gremiales, se filtró un documento en el que el secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Fernández Aparicio, solicitaría al juez que lleva la causa la intervención del Supa.
La versión, que de concretarse adquiriría ribetes escandalosos, llegó a la sede Puerto San Martín del Supa a través de un delegado de otro sindicato portuario. Se habría filtrado de la sede Rosario de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Mandato
El rumor señala que Fernández Aparicio, luego del sacudón electoral del último domingo, recibió el mandato de solicitar al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, la intervención de Supa Puerto San Martín, una medida que bien podría adoptar desde la cartera nacional que comanda.
Sin embargo, el principal impedimento de ordenarla desde allí se fundamentaría en la falta de parcialidad debido al lazo de consanguinidad de primer grado entre su asesor, Federico Schaer, hijo del actual interventor de la CTP, la Cooperativa de Trabajos San Lorenzo y la Mutual “21 de Diciembre”, Juan Schaer.
“A todas luces es una situación oscura, porque no podría el padre actuar como interventor nombrado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y al mismo tiempo su hijo (quien, junto a Adolfo Saglio Zamudio, asesora al secretario de Trabajo) pedirle a un juez que intervenga un sindicato”, señalaron los portuarios.
“Sabemos que estos dos asesores firman todas las intervenciones a las entidades gremiales y que Federico Schaer es ex asociado al estudio Funes de Rioja, un bufete muy prestigioso que asesora a empresarios”, afianzaron.
“Pensamos que la imparcialidad que debería tener el juez se vería eclipsada si accede a firmar la intervención de este sindicato”, dijeron. La información que tiene el padre vía Inaes y el hijo como asesor directo del secretario de Trabajo hace pensar a los delegados portuarios en rechazar esa medida y convocar a un paro que detenga la actividad en todo el país, adelantaron.
Además, consideraron que la maniobra “sería un atropello de un gobierno muy debilitado, que no estaría avalada por la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos, tampoco los sindicatos que realizan la misma actividad y delegados de otros conglomerados de trabajadores. También eso es posible gracias a un juez que creyó esta historia y ahora tiene en sus manos disponer una intervención teñida de parcialidad y mala fe. Es una situación muy crítica, porque ubica al magistrado en el ojo de la tormenta y en la antesala de un juicio político”.
Para los portuarios, aunque no está firme, el juez ya se declaró incompetente y ahora no puede aparecer avalando una medida de esta naturaleza, que lo pondría en una situación comprometedora. También aseguraron que “todo esto excede a los trabajadores portuarios, porque hay muchos sindicatos que están sobre el tema y ya adelantaron que se dispondrían a apoyar un paro solidario para repudiar esa supuesta intervención”.
Para los portuarios, la justificación del megaoperativo que terminó con la detención de Juárez y su círculo de colaboradores se explica en la intención de “sectores empresariales identificados que disputan a la CTP la distribución de la atención en los servicios que requieren los puertos de la región. Una muestra de eso es que todo el proceso se inició con una denuncia anónima vía e-mail, que acusaba a Juárez de ejercer tareas vinculadas al narcotráfico. Una barbaridad que a poco de investigarse fue desestimada”.
