Fuerte rechazo del espectro institucional a la decisión de traer presos federales.
Una reunión multisectorial sirvió para fijar una postura muy firme contra la medida del gobierno provincial de convertir a la UP 10 de Santa Felicia en una cárcel de máxima seguridad.
Actualmente, la mencionada unidad funciona como una Granja Penal, con régimen abierto, con mínima seguridad, con actividades extramuros, con internos provenientes de toda la región que, además, reciben educación a través de las escuelas -primaria y secundaria- que funcionan en su dependencia.
Si bien ya está concluido un nuevo pabellón que cubriría ajustadamente las demandas propias del proyecto, es inviable la adecuación de una infraestructura adicional para alojar a una población sin riesgo de hacinamiento.
Las dificultades en la continuidad de la ruta dificultan contar con la logística necesaria para el acceso y la provisión de elementos vitales, el traslado del personal y los problemas de salud que no garantizan los Derechos Humanos a los que deben acceder los reclusos.
“La medida, inconsulta y arbitraria, del gobierno provincial altera el sistema y atenta contra los objetivos para los que fue construida, avalado y respaldado por la sociedad, además de generar múltiples consecuencias y un tremendo problema social”, señalaron.
Una de las primeras voces en levantarse ante esta versión fue la de la Iglesia que, a través de un comunicado emitido desde el Obispado de Reconquista, expresó que “tras haber verificado que eran ciertos los trascendidos que daban cuenta de un posible traslado de 60 internos federales a la Unidad Penal N°10, de Santa Felicia, sin antes contar con la infraestructura y servicios apropiados, hoy nos movilizamos para expresar públicamente nuestra preocupación y rechazo a esta medida”.
También el Concejo Municipal de Vera lo hizo a través de una Resolución en la que afirma que “de concretarse esta medida provocaría un enorme fastidio en la sociedad de toda la región, dado que trastocaría la seguridad de la comunidad perjudicando la tarea que viene realizando esta Unidad Penal que ha logrado un elevado índice de reinserción social al tiempo que logró disminuir el grado de reincidencia de los privados de libertad”.
Así las cosas, a pocos meses de la asunción del nuevo gobierno y en función de los fundamentos expresados, los presentes consideraron prudente solicitar el recurso de “no innovar”, teniendo en cuenta que una decisión de este tenor debe ser analizada y resuelta por las nuevas autoridades.
No obstante, el senador Sosa gestionará una audiencia con el gobernador Miguel Lifschitz, dado que un tema tan delicado amerita ser tratado al máximo nivel.
Participaron del encuentro el senador Osvaldo Sosa, el intendente Reynaldo Fabbroni, el Colegio de Abogados Delegación Vera, Centro Comercial e Industrial de Vera, Amsafe Vera, Sociedad Española, la intendente electa Paula Mitre, la Sociedad Rural de Vera, Vecinal San Martín, concejales, las ONG Conciencia en Red y La Quinta, quienes se han propuesto mantenerse en alerta permanente para evaluar las acciones a seguir si la decisión se mantiene.
