El Gobierno resolvió postergar hasta enero del año que viene el aumento en las tarifas de gas que debía regir desde octubre, como parte del paquete de medidas de alivio para compensar el impacto de la devaluación post PASO.
“El aumento de octubre no lo vamos a hacer y en diciembre tendrá lugar la audiencia pública para aplicarlo recién en enero”, confirmó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en declaraciones al diario Río Negro.
En marzo pasado se realizó una audiencia pública que determinó para el gas domiciliario una primera actualización anual del 29%. Sin embargo, para evitar que esa suba se descargara plenamente sobre los consumidores durante la temporada invernal, se acordó escalonar ese incremento.
De modo simultáneo se aplicó una “tarifa plana” para los usuarios domiciliarios durante los meses de mayor consumo, que van de junio a septiembre.
El diferencial de esa tarifa, cercano al 20% del total de las boletas, está previsto que sea pagado por los usuarios a partir de diciembre, cuando las facturas reflejan el menor consumo habitual.
De ese modo la tarifa se incrementó un 10% en abril; otro 9,5% en mayo; y 7,5% en junio, pero esas subas coincidieron con la aplicación de la tarifa plana para los hogares.
El alza así absorbida por el Estado, según estaba previsto, iba a trasladarse en octubre a los consumos familiares de gas.
La audiencia pública también programada para octubre, y que se postergó hasta diciembre, definirá la proporción del segundo aumento de la tarifa en el año.
El secretario Lopetegui recordó que “hay dos componentes para la tarifa: la cotización del dólar y el precio del gas; hay una diferencia en el dólar, pero algo se va a compensar con el precio del gas”.
El funcionario explicó que “el precio del gas en teoría debería bajar, ya que está a US$ 4,55 por millón de BTU (unidad térmica británica), mientras el precio del dólar estaba fijado a $ 41, y ahí sí hay diferencia”.
Desde la Nación se había reconocido que la aplicación de la tarifa plana tendría un costo de $2.500 millones a abonarse a las distribuidoras, mientras el escalonamiento demandaría el pago del Estado de otros $2.000 millones.
