na consecuencia de la fuerte devaluación que sufrió la moneda argentina en los últimos tiempos es una inflación que, una vez más, muestra una tendencia creciente, al contrario de lo que se esperaba hasta no hace mucho. Y como en el dominó, la caída de esa pieza empuja a otra: en una economía en la que se reduce la cantidad de empleos y cae el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores, se entiende que se produce un empeoramiento de los índices de la realidad social, más allá de los efectos que puedan lograr algunas medidas tomadas por Gobierno para intentar dar alivio a la situación.
¿A qué personas, concretamente, se las considera pobres o indigentes en la Argentina de hoy? La manera de estimar los índices sociales tuvo ajustes a partir de 2016, cuando se reanudó la medición de estos indicadores que se había suspendido en 2013, en pleno período de la intervención política del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La manipulación de los datos de precios había llevado, años antes, a la difusión de índices de pobreza e indigencia tan irreales como los de la propia inflación que, entre 2007 y 2015, daba a conocer el gobierno encabezado por Cristina Kirchner.
Los ajustes dispuestos en 2016 hicieron a la medición más exigente e invalidaron la comparación directa de datos de períodos previos, incluso de los anteriores a la intervención del Indec. Un recálculo hecho por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) concluyó que, si en el primer semestre de 2015 se hubiera elaborado el índice tal como se lo elabora ahora, la pobreza de ese entonces habría sido de 29,8% de la población (el último dato publicado en el gobierno anterior fue de 4,7% para el primer semestre de 2013). A su vez, para el segundo semestre de 2006 el el índice habría sido de 38,6%, en lugar del 26,9% estimado en aquel momento.
A los índices de indigencia y de pobreza, que según la última estadística oficial difundida hoy son del 7,7% y del 35,4% en el primer semestre de este año, se llegan tras hacer un cruce de datos de dos insumos estadísticos, también elaborados por el Indec: uno es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el otro, una parte de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Los precios que interesan para elaborar los índices sociales son los de los productos de la llamada canasta básica alimentaria (CBA). Se trata de los alimentos y bebidas que se describen en el gráfico y en el cuadro que acompañan esta nota. Fueron seleccionados en función de los requerimientos calóricos básicos de un varón adulto de entre 30 y 60 años y de las costumbres de consumo de la población. En total y para ese grupo de la población en particular, los productos elegidos aportan -en función de las cantidades mensuales expresadas- 2750 calorías diarias. Hasta 2013 la canasta contemplaba 2700 calorías y una menor variedad de productos. Entre los cambios, se elevaron las cantidades de frutas (de 4,02 a 4,95 kilos), hortalizas (3,93 a 5,73 kilos) y carnes (6,27 a 6,6 kilos). Entre otros, se incluyen en la canasta productos como arroz, huevos, leche, yogur, pan y bebidas sin y con alcohol.
Una vez que se obtiene, para el período en cuestión, el valor del conjunto de bienes, se cruza el dato con los resultados de la EPH referidos a la cuantía de ingresos de cada hogar. Y entonces, son considerados indigentes los integrantes de los hogares en los cuales el dinero no alcanza para comprar los alimentos básicos.
Para llegar al valor de la canasta se tiene en cuenta cómo está formado cada hogar. Como el requerimiento de 2750 calorías diarias corresponde a un varón de 30 a 60 años, el precio de la canasta para ese segmento es considerado el de referencia (se lo llama el valor de “adulto equivalente”) y adquiere, estadísticamente, un valor igual a 1. ¿Para qué? Para calcular cuánto cuesta satisfacer las necesidades básicas de cada persona según su sexo y edad. Por ejemplo, para los menores de un año el valor es 35% del “adulto equivalente”, ya que necesitan 952 calorías. Otro caso: los varones de 17 años requieren más calorías que las del indicador de referencia y, para ellos, la cifra referente se multiplica por 1,04.
Para definir la variedad de productos se usan, según la explicación de fuentes del Indec, datos de la encuesta de gastos de los hogares. Con el rearmado de la medición en 2016 se tomaron los resultados de un trabajo de campo más cercano en el tiempo que el utilizado para definir la canasta usada anteriormente.
Ese relevamiento aporta otra información para actualizar la forma de hacer la medición, en este caso de la pobreza. Se trata de los datos que describen qué porcentaje del gasto de los hogares se destina a la alimentación y qué porcentajes a otros rubros, como transporte, vivienda, indumentaria, salud o educación.
¿Quiénes son pobres? Para calcular qué población cae bajo la línea de la pobreza también se toma el criterio de observar qué personas y hogares no obtienen mensualmente recursos para acceder a un determinado conjunto de bienes más amplio que el de los alimentos básicos. Para establecer un precio a la denominada “canasta básica total” se multiplica el valor de la alimentaria por un coeficiente, que se determina según los hábitos de consumo detectados en la encuesta de gastos.
