Dos holdouts pidieron a un tribunal de Estados Unidos que congele bienes de Aerolíneas Argentinas, incluidos aviones en el aeropuerto JFK de Nueva York, para poder cobrar una sentencia por bonos en default, pero el Gobierno pidió que se rechazara el reclamo y la nulidad por fraude de la sentencia, al indicar que los acreedores presentaron documentos falsos para justificar la tenencia de los títulos. El caso está en manos de la jueza Loretta Preska, heredera de Thomas Griesa.
Michele Collea y Denise Dussault, dos acreedores que obtuvieron una sentencia a favor en 2006 para cobrar bonos impagos por casi US$7 millones, solicitaron en un tribunal de Nueva York una “orden de restricción temporal” contra Aerolíneas Argentina para prohibirle transferir cualquier activo e impedir que los aviones “salgan del Aeropuerto Kennedy”, en referencia al principal aeropuerto internacional de Nueva York, John F. Kennedy. “Adicionalmente, los acreedores con sentencia buscan una orden de ejecución contra esos activos para satisfacer su sentencia”, indica el escrito.
El pedido fue presentado a fines de septiembre en la Corte del Distrito Este de Nueva York, y luego fue traslado al tribunal de Preska a pedido de la Argentina.
“No nos preocupa”, desestimaron fuentes oficiales, que pusieron el foco en el pedido de nulidad por fraude presentado por los abogados del país.
En 2016, los bonistas habían llegado a un acuerdo para cerrar la disputa al sumarse al resto de los holdouts que aceptaron la oferta del gobierno de Mauricio Macri para cerrar los juicios por la deuda en Nueva York y sacar a la Argentina del default. Pero luego ese acuerdo se cayó porque los demandantes no presentaron los certificados correspondientes para poder cobrar, según fuentes oficiales. Ese giro quedó plasmado en un escrito presentado por la Argentina, cinco días después de las presentación de Collea y Dussault, que lleva la firma de Carmine Bocuzzi Jr., uno de los abogados de la firma Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, el estudio que defendió al país en el tribunal del fallecido juez Griesa.
Bocuzzi menciona en ese escrito que la Argentina pidió anular la sentencia a favor de los bonistas.
“La moción de la República está respaldada por la declaración jurada de un funcionario bancario de que los demandantes presentaron una declaración de cuenta falsificada a la juez Preska hace unos meses, a fin de demostrar la supuesta tenencia de los bonos”, indica el escrito. Y completa: “Al ser confrontados, los demandantes redoblaron su fraude, enviando un certificado falso de cuenta bancaria, negándose a admitir cualquier conducta indebida, y amenazando con acciones policiales contra el declarante del banco”.
