Tres abogados de entre 26 y 35 años quedaron en prisión preventiva en el marco de la investigación de una asociación ilícita que simulaba accidentes de tránsito y reclamaba reparaciones económicas a las compañías de seguro. Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Rosana Carrara, a raíz del pedido formulado por las fiscales María Laura Urquiza y Mariela Jiménez en una audiencia llevada a cabo hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Los tres profesionales del Derecho que quedaron en prisión preventiva son PAM de 26 años; JMAA de 28 y GJM de 35. A los tres, las fiscales del MPA los investigan como autores del delito de asociación ilícita –en calidad de organizadores– y la coautoría de los delitos de estafas reiteradas y tentativa de estafas reiteradas. Además, a dos de ellos también se los investiga como autores del delito de cohecho activo.
Por su parte, un cuarto hombre cuyas iniciales son CDP y tiene 42 años, también fue imputado como autor del delito de asociación ilícita –en calidad de organizador– y la coautoría de los delitos de estafas reiteradas y tentativa de estafas reiteradas. Se trata de un empleado de un hospital público de la ciudad de Santa Fe, a quien ya el pasado domingo se le ordenó la prisión preventiva, la cual deberá cumplir de forma domiciliaria a raíz de problemas de salud.
“La juez dijo que dará los fundamentos por escrito, por lo tanto, aguardaremos la notificación para analizar los motivos que tuvo en cuenta para imponer la prisión preventiva para los tres imputados”, indicaron las fiscales Urquiza y Jiménez. “Sólo podemos adelantar que la magistrada ordenó que la medida cautelar sea sin plazos”, agregaron.
Otros investigados
Además de los cuatro organizadores, hay otras nueve personas que fueron imputadas el pasado domingo, a quienes se les atribuyó el delito de asociación ilícita –en carácter de miembros– y la coautoría de los delitos de estafas reiteradas y tentativa de estafas reiteradas. Por su parte, uno de estos nueve imputados es policía de la provincia de Santa Fe, y también se le endilgó la autoría del delito de cohecho pasivo.
Los nueve imputados recuperaron su libertad el pasado domingo, pero deberán cumplir normas de conducta –entre ellas, la prohibición de contacto entre sí– mientras continúa la investigación de su accionar.
“Además de los trece imputados, hay otras cuatro personas más que están siendo investigadas. El sábado pasado se realizaron diversas diligencias, fueron identificadas dactiloscópicamente y transitarán el proceso en libertad”, indicaron las fiscales. “Por tal motivo, serán imputados en los próximos días en la sede del MPA”, concluyeron.
Modalidad delictiva
Jiménez y Urquiza detallaron que “los imputados formaron una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada a través de la cual denunciaban accidentes de tránsito simulados para luego reclamar reparaciones económicas ante las compañías de seguro”. En tal sentido, agregaron que “el accionar delictivo venía cometiéndose desde junio de este año. De la información que pudimos relevar hasta el momento, los hechos ilícitos fueron al menos seis”.
Las fiscales explicaron que “los organizadores de la banda delictiva buscaban personas que hubieran sufrido algún tipo de lesión y las presentaban como si esas lesiones hubieran sido provocadas en un accidente de tránsito. A su vez, buscaban a otra persona que fuera titular, poseedor y/o conductor de un vehículo asegurado en alguna compañía de seguros, a quien presentaban como el responsable de la colisión”.
“Una vez que tenían a la presunta víctima y al presunto autor de las lesiones, realizaban y/o hacían realizar denuncias penales ante comisarías, destacamentos o en los Centros Territoriales de Denuncias (CTD)”, señalaron las funcionarias del MPA. “Brindaban información falsa acerca del lugar, la fecha y la modalidad del hecho que denunciaban, acerca de las personas intervinientes, de las lesiones ocasionadas y de los daños materiales sufridos por los vehículos involucrados en las presuntas colisiones”.
Agregaron que “a través de estos ardid hacían caer en error a funcionarios públicos provinciales, que extendían certificaciones, constancias o documentos que luego eran utilizados en presentaciones que hacían ante las compañías de seguro para reclamar dinero en carácter de reparación para los presuntos lesionados”.
