Así lo dispuso la jueza Cristina Fortunato en la mañana de este lunes a raíz de los pedidos formulados por las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis. Siete de las personas investigadas fueron imputadas como coautoras del delito de torturas. Además, a un octavo agente de la fuerza provincial se le atribuyó la autoría del delito de encubrimiento agravado.
Los ocho policías que prestaban funciones en la comisaría Tercera de la ciudad de Sunchales quedaron en prisión preventiva sin plazos en el marco de la investigación que encabezan las fiscales Gabriela Lema y Lorena Korakis por el delito de torturas.
Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, a raíz del pedido formulado por las funcionarias del MPA en las audiencias de medidas cautelares llevadas a cabo esta mañana en los tribunales de la ciudad de Rafaela.
Siete de las ocho personas investigadas fueron imputadas el sábado por las fiscales Lema y Korakis como coautoras del delito de torturas. Se trata de la subinspectora SS de 42 años; el subcomisario FHM de 38 años; el oficial JAC de 31 años; y cuatro suboficiales: CAM de 21 años; BEG de 25; MLO de 30 y MIA de 38. Por su parte, al comisario LMG de 36 años se le atribuyó la autoría del delito del encubrimiento agravado.
Prisión preventiva
“Solicitamos la prisión preventiva de los ocho imputados, y la jueza entendió que correspondía imponer la medida cautelar sin plazo”, señalaron las fiscales Lema y Korakis. “La magistrada no dio los fundamentos de su decisión, por lo tanto, aguardaremos la resolución”, agregaron.
Las funcionarias del MPA aclararon que “más allá de la prisión preventiva impuesta hoy, la investigación sigue su curso. Seguiremos trabajando y avanzando todo lo que podamos en el esclarecimiento de lo ocurrido”.
Torturas
“Los delitos que investigamos fueron cometidos el viernes de la semana pasada entre las 5:10 y las 6:00 de la mañana en la comisaría Tercera de la ciudad de Sunchales ubicada en avenida Belgrano 386”, informaron las fiscales Lema y Korakis.
“Las víctimas fueron dos hermanos que estaban legítimamente privados de su libertad en la sede policial, a los que le impusieron tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad”, sostuvieron.
Las funcionarias del Ministerio Público de la Acusación argumentaron que “los siete imputados como coautores de torturas actuaron de común acuerdo, en forma conjunta y mediante el reparto de tareas”.
De acuerdo a lo relatado por las fiscales en las audiencias, “los hermanos detenidos fueron llevados a la cocina–comedor de la dependencia policial, fueron obligados a arrodillarse –uno de ellos maniatado por la espalda con precintos y el otro esposado– y luego fueron golpeados en distintas partes del cuerpo”.
Las fiscales subrayaron que “a uno de los detenidos le bajaron el pantalón y lo amenazaron con abusarlo sexualmente. Además, utilizaron un palo de madera para golpear a uno de los detenidos en distintas partes del cuerpo, hasta que cayó al piso y comenzó a toser”.
Detallaron también que “minutos más tarde, volvieron a propinarles golpes de puño y patadas a los detenidos”.
“A uno de los detenidos también le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza, mientras que al otro lo empujaron contra un ventanal de vidrio, el cual atravesó con las manos esposadas, lo que le provocó graves heridas en distintas partes del cuerpo”, precisaron.
“Aproximadamente 15 minutos después, el comisario imputado llegó al lugar. Tomó conocimiento de los tormentos infligidos a los dos detenidos, insultó a uno de ellos y con el fin de procurar la impunidad de los delitos cometidos e incumpliendo los deberes a su cargo, no comunicó debidamente a la autoridad competente lo sucedido” remarcaron las fiscales.
“Además, ordenó al personal que limpiara el lugar y sacara los vidrios del ventanal roto. Sus subordinados realizaron la indicado, razón por la cual, alteraron la escena del hecho e hicieron desaparecer los rastros del delito cometido”, concluyeron.
