La ley de góndolas, que propone regular la competencia de las marcas en las góndolas de los supermercados para evitar prácticas monopólicas que perjudiquen a los consumidores, fue aprobada con 182 votos a favor y 17 abstenciones. Los bloques lograron acordar un dictamen consensuado que impone un límite del 30 por ciento de uso de la góndola para una misma marca. La participación deberá involucrar a no menos de cinco proveedores o grupos empresarios. También prevé un porcentaje para la economía popular, la agricultura familiar, campesina e indígena.
Mientras en el recinto se debatía la ley de alquileres, en despachos y pasillos se desarrollaron intensas negociaciones para alcanzar un consenso que permitiera presentar un solo dictamen de la ley de góndolas que tuviera el respaldo mayoritario de la Cámara baja. Hasta entonces había dos en disputa, con un punto conflictivo. El impulsado por el Frente de Todos y respaldado por el grueso de las bancadas opositoras, introducía un límite claro para evitar las prácticas monopólicas en los supermercados: un proveedor o grupo empresario no podía superar el 30 por ciento de las góndolas para productos similares. El del Cambiemos no ponía límites.
Finalmente hubo acuerdo con un texto que mantiene los límites propuesto por la oposición. El artículo siete del proyecto mantiene el límite de 30 por ciento y sostiene que la partición del espacio “deberá involucrar a no menos de cinco proveedores o grupos empresarios”. También que “deberá garantizarse un 25 por ciento del espacio disponible para la exhibición” de productos elaborados “por Micros y Pequeñas empresas nacionales inscriptas en el registro de ‘Mi Pymes” y un 5 por ciento adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular. Los límites también alcanzan a productos importados.
“Hemos arribado a un consenso con el bloque oficialista para modificar el dictamen de mayoría y tener mayor consenso”, confirmó la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Marcela Passo (FR), al abrir el debate. “Esta norma viene a cumplir con una deuda pendiente, no del Congreso, sino del Poder Ejecutivo”, ya que la Ley de Defensa de la Competencia “le encomendaba al Ejecutivo la redacción de un proyecto de ley nacional de fomento de la competencia minorista”, pero “ese plazo se encuentra vencido”. “Estamos dando un paso importante en la búsqueda del equilibrio y la justicia que tanto consumidores como pymes están necesitando”, remarcó Passo.
El diputado Daniel Arroyo aseguró que el proyecto “es un avance” ya que “el proceso de intermediación es muy caro para los argentinos” y que “esta ley amplía la oferta de alimentos, de higiene y limpieza, y permite que haya una diversidad de ofertas”. “No hace faltan muchos datos sobre que el consumo ha caído en forma brutal” y con esta ley “equilibrada y armónica” se puede comenzar a fomentar “la producción local y la economía popular”, concluyó Arroyo.
Nicolás del Caño (FIT-PTS) cargó contra las multinacionales de la alimentación como Mondelez, que “presentó un procedimiento preventivo de crisis para despedir y suspender trabajadores”. El mendocino José Luis Ramón le apuntó al “monopolio de la empresa La Serenísima en las leches de todas las categorías y precios” y hasta Elisa Carrió se pronunció a favor: “Esta ley de góndolas viene a preservar a los productores y a los consumidores, que son los que se funden”, sentenció y dijo que “alguna vez vamos a tener que aclarar el costo del producto en su origen y su precio en el supermercado”.
