En una audiencia de revisión de medida cautelar realizada en la OGJ de Reconquista se resolvió que pasen a cumplir prisión preventiva en modalidad domiciliaria cinco de los siete imputados por ser jefes de una asociación que regenteaba el negocio del juego ilegal en la ciudad de Reconquista.
Raúl Arraga, Adrián Mai, Marcelo Driussi, Gregorio Ramírez y Santiago Saucedo estaban detenidos en la alcaidía local, pero desde ahora revistarán con prisión domiciliaria.
En tanto, José Sixto Rossi Verdaro, alias “Pajarito”, y Graciana Agustini, que estaban con prisión domiciliaria, recuperaron la libertad con restricciones y tras pagar una fianza de 1,5 millón de pesos cada uno.
Ambos están imputados por haber “ordenado, dispuesto o acordado personalmente el monto y modo de sumas de dinero a funcionarios públicos provinciales no determinados a la fecha para que no investiguen o fiscalicen sus actividades” y, de esa manera, “permitan el desarrollo de la actividad clandestina e ilícita”, sean pertenecientes a fuerzas de seguridad provinciales, nacionales o a la administración de la Lotería de Santa Fe.
También por haber “organizado, explotado y administrado en forma continua y habitual por sí y a través de terceros, que dependían jerárquica, laboral y económicamente de los imputados, un sistema de captación de los juegos de azar con apuestas de dinero”, sin contar con autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.
En su momento, el fiscal Gerosa sostuvo que en tales circunstancias organizaron y dirigieron el “levantamiento y captación de apuestas dinerarias para juegos de Lotería y Quiniela oficial usando para la designación de premios los sorteos que realizan los organismos oficiales”, y haber “realizado maniobras de captación de otros juegos de azar por apuestas de dinero, todo dentro de la clandestinidad”.
Y los encartó por “haber actuado en calidad de banqueros o capitalistas, haber financiado la actividad ilegal en su integridad, haberse beneficiado ilegalmente de las ganancias de las apuestas no registradas y de la falta de pago de tasas, tributos y derechos fiscal y administrativos que gravan la actividad en forma legal”
