El juez federal Luis Rodríguez procesó este jueves a los funcionarios de la gestión macrista Juan José Aranguren y Laura Alonso.
Mientras el ex ministro de Energía está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA) es investigada por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y abuso de autoridad.
La causa se había iniciado en 2016 por la denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tahilade y Mario Doñate, quienes sostuvieron que las acciones de “clase A” que Aranguren declaró poseer en su patrimonio le permitieron obtener bonificaciones.
El ex CEO de la filial argentina de la transnacional petrolera de origen anglo-holandés, declaró poseer “más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell”.
Otro de los puntos de la denuncia alude a la decisión de aumentar las tarifas de gas, incrementando el valor de lo pagado a los productores, entre los cuales está Shell.
En el expediente, Aranguren presentó un descargo por escrito solicitando ser sobreseído y que se le cierre la causa.
Por otro lado, en su presentación, los diputados aseguraron que habían alertado sobre la presunta “incompatibilidad de intereses para ejercer el cargo” a la OA pero que no obtuvieron respuesta alguna.
“Es evidente el conflicto de intereses respecto de la situación del Ministro socio de Shell, en tanto esta compañía participa activamente del mercado energético cuya regulación y control está a cargo del propio Aranguren”, dice la presentación.
En noviembre de 2016, con la denuncia ya presentada, Aranguren vendió sus acciones en Shell. La decisión del ex ministro de Energía llegó luego de un dictamen de la OA que recomendaba la venta y fue anunciada por Mauricio Macri en diálogo con la prensa durante un encuentro del Foro de Inversiones.