Desde varias áreas del Ejecutivo, principalmente Seguridad, estudian los modelos de países y Estados que ya regularon el uso de marihuana o tienen discusiones en curso. Consideran que la legislación actual genera gastos innecesarios al perseguir al consumidor y ejecuta detenciones injustas
La planta de cannabis podría abandonar su estatus de “sustancia prohibida” en Argentina este 2020. Después de casi 90 años de persecución a los usuarios y cultivadores y de ininterrumpidas campañas globales de demonización de su flor, conocida popularmente como marihuana, y a más de 30 años de sancionada la actual ley de drogas, el Gobierno nacional activó los primeros mecanismos para cambiar la legislación y dar un paso paradigmático: el de la regulación y el fin de la criminalización.
“La solución no es andar persiguiendo a los que se fuman un porro”, remarcó Alberto Fernández en junio del año pasado, cuando aún como candidato le preguntaron por la cuestión del cannabis en un programa de radio. Aquella vez, el ahora Presidente, aseguró que daba por comprobado que “persiguiendo como perseguimos sólo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al pequeño consumidor, que ha decidido intoxicarse, como el fumador de tabaco, que lo hace cotidianamente”.
Infobae pudo confirmar que, bajo esa premisa, el Gobierno trabaja desde los primeros días de su asunción en un proyecto de regulación que contemple, de base, la despenalización de la tenencia de cannabis para consumo personal y del autocultivo, también para uso privado. Y que la idea es que el Congreso lo debata este año, lo más pronto posible a partir de que haya un modelo consensuado.
El ministerio que más se mueve en este sentido es Seguridad. La ministra Sabina Frederic, junto a su equipo, comenzó a estudiar los modelos de regulación de otras partes del mundo, con especial atención en Canadá, Uruguay, los 11 estados de EE.UU que legalizaron todos los usos, como Colorado, California e Illinois, entre otros, y también proyectos de ley que todavía no están aprobados, tal es el caso de Chile, cuya regulación tiene media sanción en Diputados.
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Todos los proyectos establecen la libertad de los usuarios de tener cannabis para fumar y también de cultivar sus propias plantas, excepto Illinois donde por un pedido de la Policía sólo se permite el cultivo a usuarios medicinales.
En los casos de los países de América del Norte, la regulación incluye el mercado. Es decir, que además de tener y cultivar, los usuarios pueden comprar (y también vender, bajo estrictas condiciones de licencia) en el mercado legal, en locales conocidos como dispensarios, donde cada cliente elige entre un “menú” la cepa que prefiere, la cantidad o la forma (en aceite, extracciones, en cigarrillos armados o simplemente los cogollos de la flor).
En el caso de Uruguay el mercado también está regulado pero bajo el monopolio del Estado, que se encarga de aprobar la actividad de las empresas interesadas y, especialmente, de vender y distribuir el cannabis para su consumo adulto a través de 16 farmacias autorizadas. Esta característica, al menos por ahora, lo hace un modelo impracticable a los ojos de los funcionarios del Gobierno que estudian el tema.
La idea del Gobierno nacional, por lo pronto, apuntaría en una primera etapa a destrabar el conflicto que generan las detenciones de consumidores y cultivadores bajo la bandera de “la guerra contra el narcotráfico”. Si bien al menos por ahora no existen cifras oficiales, de acuerdo con datos salidos de oficinas judiciales más de la mitad de los detenidos por infracción a la ley de drogas son consumidores.
