El exsubjefe de la agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I de la policía, Marcelo José Maldonado, fue condenado por maniobras ilícitas cometidas en el ámbito de la brigada Motorizada con las denominadas horas Ospe (Orden del Servicio de Policía Extraordinaria) y SPA (Servicio de Policía Adicional).
Maldonado fue condenado por la coautoría del delito de defraudación doblemente calificada (por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometida por funcionario público) La sentencia fue dictada por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.
Al exfuncionario policial –que reconoció su culpabilidad– se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y una inhabilitación especial por seis años para ejercer cargos públicos.
Maldonado también debió pagar 284.466 pesos. De ese total, 151.466 pesos fueron en concepto de reparación del daño (88.106 pesos de capital y 63.360 pesos de intereses) al ministerio de Seguridad de la provincia. Por su parte, donó 88.000 pesos a instituciones de bien público y los otros 45.000 pesos que pagó corresponden a una multa que percibió el MPA.
Por último, y como norma de conducta, a Maldonado se le impuso una prohibición de comunicación –directa e indirecta– con los testigos de la investigación.
Superposición
“La defraudación que investigamos fue cometida por Maldonado entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2015 mientras era subjefe de la agrupación Cuerpos”, precisó Hernández. “El condenado actuó en connivencia con el entonces jefe de la brigada Motorizada, con un oficial de la policía y con 33 subordinados, a quienes también se investigó”, añadió.
Hernández explicó el accionar del condenado y detalló que “favoreció y coadyuvó a la realización de las horas Ospe y SPA”. Asimismo, sostuvo que “la modalidad de la defraudación se dio a partir de la superposición de las horas extraordinarias entre sí; la superposición de las horas extraordinarias con la jornada laboral ordinaria; y la realización de esas horas extraordinarias cuando los agentes estaban gozando de su licencia anual ordinaria, lo cual está expresamente prohibido para el personal policial”.
“El accionar delictivo de Maldonado consistía en diagramar la forma de realización de la maniobra a fin de llevar a cabo la defraudación”, aseguró Hernández. “Coordinaba las funciones de cada uno de los imputados; emitía directivas para recaudar un porcentaje de lo ilegalmente percibido y su posterior distribución; y omitía controlar el adecuado funcionamiento de la Brigada Motorizada a los fines de favorecer la realización de la maniobra”, agregó el fiscal.
Perjuicio
“Los montos de la reparación del daño que debió pagar Maldonado fueron calculados en base a la evidencia recolectada en la investigación, de la cual surge que el 50% de lo ilegalmente percibido por los agentes era entregado al oficial que está imputado, y luego repartido con Maldonado y con quien en ese entonces era jefe de la Motorizada, que también está imputado”, puntualizó Hernández.
Hernández también hizo hincapié en que “debe sancionarse esta conducta ilícita en tanto es una maniobra delictiva con la que se perjudica al Estado provincial y a la sociedad en su conjunto”. En tal sentido, el fiscal argumentó que “la inversión y el esfuerzo económico hecho por el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe para que haya más efectivos patrullando las calles por más tiempo –tal como lo requieren distintos sectores de la sociedad–, se vio paradójicamente absorbida por agentes que no dedicaron mayor tiempo a sus labores, aprovechándose así del espíritu normativo que motivó el desembolso económico”.
Otro jefe y un oficial
Hernández brindó detalles acerca de los otros dos policías investigados. “Uno de ellos es un hombre de 40 años cuyas iniciales son MAN, quien era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional 1. El otro es oficial de la policía, tiene 42 años y sus iniciales son CAZ”, informó el fiscal.
Los dos fueron imputados como coautores de los delitos de defraudación doblemente calificada (por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometida por funcionario público), en concurso ideal con falsedad ideológica en instrumento público. Además, a MAN también se le atribuyó la autoría del delito de malversación de caudales públicos agravados (por entorpecimiento del servicio)
En relación a la situación procesal de los dos imputados, el fiscal del MPA adelantó que “está previsto que en marzo presentemos las respectivas acusaciones para llegar a juicio oral y público”.
33 más
“Además de Maldonado y de los otros dos imputados, hay otras 33 personas más que fueron investigadas. Con ellas, el conflicto penal se resolvió por medio de lo que se denominan criterios de oportunidad, a través de los cuales debieron reintegrar el dinero que habían obtenido de forma irregular”, indicó el fiscal. En tal sentido, concluyó que “el daño total comprobado es de 360.996 pesos, sin embargo, en el marco de esta investigación focalizada en la brigada Motorizada, ya se llevan recuperados –con el dinero que debió pagar Maldonado– 509.317 pesos. De ese total, 322.009 pesos fueron pagados como reparación del daño causado y 187.308 pesos como donaciones”.
