El 95% del personal ocupado en el servicio doméstico “cumple los requisitos para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”, destacó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en base a estimaciones a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
El cuerpo legislativo evaluó que “el sector informal de la economía está más expuesto a la pérdida de empleo y caída sustancial de ingresos, en el actual contexto de crisis” y el servicio doméstico merece “especial atención”, ya que concentra el 25% de los puestos de trabajo no registrados.
La OPC precisó que este último segmento suma alrededor de 1,7 millones de puestos de trabajo (8% del total de la economía), cantidad similar a la generada por la construcción y superior a los puestos que ocupa el sector primario.
Según la Oficina, el trabajo doméstico “representa una importante fuente de empleo para los sectores más vulnerables” y “el 80% del personal que presta servicio en casas particulares se ubica en los tres deciles más bajos de la distribución del ingreso”.
En ese marco, alrededor del 17% del total de mujeres ocupadas se emplean en esta actividad y conforman, junto con el comercio, los principales rubros que nuclean mano de obra femenina, resaltó el análisis de la OPC.
Precisó luego que “el 97% de las personas ocupadas en el servicio doméstico son mujeres y el 76%, informales”.
Asimismo, del total de mujeres ocupadas en esta actividad, 41,8% son jefas de hogar (48,3% son madres) “y por lo tanto su ingreso constituye el principal sustento económico del grupo familiar”.
Otro 36,7% de esas mujeres son cónyuges del jefe de hogar y en esos casos “los ingresos de la ocupación doméstica representan en promedio un 20% del ingreso total familiar”.
La Oficina de Presupuesto recordó que el decreto 310/2020 de Emergencia Sanitaria estableció una prestación monetaria de carácter no contributivo, el IFE, al que pueden acceder las trabajadoras de casas particulares, siempre que cumplan determinadas condiciones.
Dentro del 5% que no estaría en condiciones de acceder al beneficio, 89% (alrededor de 40.000 registros) no cumple con la condición de edad, por ser mayor de 65 años, si bien el 67% de esas mujeres son jefas de hogar y para un 11% el ingreso proveniente de su actividad es el único del hogar.
El informe considera que “desde un enfoque de derechos, continuar avanzando en la formalización del sector de servicio doméstico garantizaría mejores condiciones laborales y acceso a la protección social para la trabajadora y su familia”.
Desde el punto de vista económico, añade la OPC, el registro de la actividad “redundaría en mayores recursos para las arcas públicas y permitiría el reconocimiento de este empleo como reproductor de la fuerza laboral”.
“Incorporar la perspectiva de género en las distintas instancias de las políticas públicas resulta clave también para mitigar los efectos de la actual crisis económica y sanitaria”, concluyó el análisis de la Oficina de Presupuesto.
