Hoy se cumple otro desgraciado aniversario de la mayor inundación de la historia de Santa Fe y de todo el país. Cifras de muertos que no coinciden entre las autoridades gubernamentales y organizaciones sociales y más de 100 mil personas que sufrieron el ingreso del agua en su casa.
Hace pocos días atrás se presentó en la Legislatura provincial una proyecto de ley para que el 29 de abril de cada año sea el Día de la Memoria del Pueblo Inundado. Se trata de una iniciativa que acercó La Poderosa de barrio Chalet al bloque de Ciudad Futura, y que fue ingresado por la diputada Dámaris Pachiotti.
María Claudia Albornoz, integrante de La Poderosa y referente social de los barrios del oeste de la ciudad de Santa Fe, explicó que el objetivo es «que las santafesinas y los santafesinos sepamos que ese día es una herida abierta y que lo va a ser siempre, porque es muy traumatizante». «Los que pasamos por esa situación sabemos cómo nos sigue doliendo el 29 de abril”, manifestó Albornoz, quien también integra desde 2003 la Carpa Negra que reclamó por años justicia en la Plaza de Mayo.
“Decimos ni olvido ni perdón a los inundadores. Seguimos por justicia porque sabemos que Carlos Alberto Reutemann es el responsable, aunque todavía no haya sido juzgado. Pero mientras tanto necesitamos de este día para una conmemoración que sigue firme en esa plaza», expresó Albornoz.
Hoy se cumplen 17 años desde el ingreso de las aguas del Salado a la ciudad de Santa Fe, por la zona del hipódromo. La fecha se convirtió en un emblema de la lucha por la memoria y contra la impunidad de los responsables políticos de la inundación, que alcanzó a los barrios del oeste de la ciudad y cuyo número de víctimas fatales las organizaciones sociales estiman en 158. En caso de aprobarse, la ley establecerá el 29 de abril de cada año como Día de la Memoria del Pueblo Inundado y un feriado administrativo en nuestra ciudad. Además, la norma instará al Ministerio de Educación a incluir la fecha dentro del calendario escolar, en los distintos niveles del sistema educativo provincial.
«Muchas niñas y niños nacieron después, entonces queremos que les cuenten la historia y que sepan realmente lo que nos pasó. Hablamos de una historia que tiene que ver con una obra inconclusa, con que no había ningún plan de contingencia: todo eso que se hizo mal queremos que no se haga más de esa manera. Por eso es fundamental sostenerlo en la escuela», argumentó la militante social de barrio Chalet.
Todo vale para que cada 29 de abril Santa Fe active la memoria para recordar una fecha trágica y exigir a los funcionarios municipales y provinciales que se hagan los trabajos correspondientes para no sufrir nunca más una inundación que dejó a un tercio (130.000 personas) de la capital provincial bajo el agua.
JUSTICIA
El 1° de febrero de 2019 hubo sentencia para una de las causas más importantes de la historia de la ciudad. Sólo dos condenados por estrago culposo tiene la inundación de 2003, que arrasó con un tercio de la ciudad y con más de 150 vidas. La sentencia fue ratificada por la Cámara de Apelación, con la firma de los jueces Bruno Netri, Fernando Gentile Bersano y Alejandro Tizón. El ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex secretario de Hidráulica Ricardo Fratti tienen condena firme. El tercer acusado, el ex intendente Marcelo Álvarez, murió en 9 de abril de 2018, por lo que no se pudo hacer justicia con él. Carlos Reutemann, gobernador durante el desastre, ni siquiera llegó a ser imputado en la causa.
El tribunal de Apelación firmó el 9 de marzo el rechazo de los recursos de las defensas, que en lo sustancial plantearon que la causa había prescripto, junto con toda una serie de nulidades que apuntaban a los testimonios, las pericias y el procedimiento judicial. También se ratificó la pena establecida en primera instancia: de tres años de prisión condicional, accesorias legales, costas y determinadas reglas de conducta. Pero, además, los tres jueces de Cámara dieron lugar a reclamos de los denunciantes –la familia Castro, con Jorge Castro y Milagros Demiryi como referentes de la causa y del movimiento de inundados– relativos a daños e indemnizaciones. Los pagos corren por cuenta de los demandados, lo que incluye a la provincia. Esta sentencia, en consecuencia, abre el camino para la apertura de nuevas demandas civiles contra la provincia.
