El secretario General de la Municipalidad, Gustavo Zignago, remarcó que quienes se les secuestre el automóvil tras ser detectado circulando sin autorización, tendrán que enfrentar un proceso penal que se puede extender por un año, plazo durante el cual el vehículo permanecerá en el corralón.
En el tiempo que lleva la cuarentena, las fuerzas de seguridad en Rosario detuvieron a más de 3.700 personas que incumplían las normas y secuestraron más de 270 vehículos. Todos esos infractores deberán afrontar un proceso penal.
Mientras tanto, los vehículos que fueron incautados permanecerán en los corralones municipales. En tal sentido, Zignago especificó ayer que el trámite para retirarlos no será el que se realiza habitualmente en el Tribunal de Faltas, sino que los infractores tendrán que enfrentar primero un procedimiento penal que puede llevar hasta un año, dependiendo de la celeridad con la que se tramite la causa.
“La devolución de ese auto o moto estará en el marco del proceso judicial, los plazos son más extensos y en muchos casos puede superar el año”, puntualizó el funcionario.
“No es para infundir temor, pero hay que recordar que estos vehículos, cuando finalicen la cuarentena, no están sometidos a un trámite administrativo en el juzgado de Faltas, sino que están remitidos por causas penales, por lo cual las personas no tendrán que acudir al juez de Falta como habitualmente se hace por una falta administrativa”, señaló ayer Zignago por La Ocho.
En ese marco, explicó que los infractores deberán acudir a la justicia provincial o federal, según la autoridad que le haya remitido el vehículo, para transitar un proceso penal. “La devolución de ese auto o moto estará en el marco de ese proceso, los plazos son más extensos y en muchos casos puede superar el año”, advirtió.