El análisis de material informático permitió acceder a una extensa lista que suma nombres a los ya conocidos. En la provincia, al de Marcos Cleri se agrega el del radical Barletta, entre otros. Se violaba la correspondencia electrónica de extraños y también propios durante la era Arribas.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, presentó en la mañana de este martes a la Justicia, como había prometido, la denuncia sobre presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri destapada tras el hallazgo de las transcripciones de miles de correos electrónicos de políticos opositores, también propios de Cambiemos, periodistas y empresarios. Las intercepciones a esas comunicaciones privadas no tienen sustento en órdenes judiciales, por los que se las tiene por ilegales.
Ya habían trascendido algunos nombres, pero la lista que figura en la denuncia agrega otros singulares: entre ellos, el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Otros comprovincianos con sus comunicaciones violadas son el hoy diputado nacional Marcos Cleri y hasta el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral y ex intendente de la capital santafesina Mario Barletta, radical que saltó el cerco del Frente Progresista a Cambiemos.
A ellos se añadieron la abogada y actual secretaria de Derechos Humanos de la provincia Lucila Puyol, la militante de HIJOS de la capital provincial Valeria Silva, la comunicadora rosarina Delfina Supisiche y el dirigente del Movimiento Evita Gerardo Rico.
Caamaño presentó la denuncia sobre el espionaje ilegal cometido, de acuerdo a los indicios, desde el 2 de junio de 2016. La funcionaria, designada por seis meses al frente del organismo que durante el macrismo comandó Gustavo Arribas contiene la información encontrada en una computadora de la Agencia que da cuenta de más de 80 mails intervenidos a dirigentes opositores al macrismo pero también propios, comunicadores, intelectuales y hasta fuerzas policiales.
“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”, reza el texto de la presentación judicial, cursada –precisamente– por correo electrónico en el marco de las medidas de aislamiento por la pandemia de covid-19.
El mensaje de la interventora Caamaño explica que la intervención que encabeza “procedió al análisis de rutina de distintos soportes tecnológicos utilizados en áreas sensibles de esta agencia”. Uno, clave, especifica, es “el contenido de un disco rígido marca Western Digital” del que se pudieron reconstruir “rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros”.
El abanico de las intercepciones no reconoce fronteras de profesión, ocupación u oficios. Tampoco políticas. Bajo las órdenes de Arriba, cayeron ex oficialistas como la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, el presidente de Diputados durante el período macrista, Emilio Monzó, y el legislador del PRO en la Cámara baja Nicolás Massot, además de Ernesto Sanz. E incluye a entonces gobernadores como al ex jefe provincial de Río Negro, Alberto Weretilneck. Y futuros, como el santafesino Perotti. Hasta comunicadores incondicionales del macrismo y hoy duros opositores al gobierno de Alberto Fernández, como Luis Majul, sufrieron la intromisón a sus cuentas de mensajería.
El escándalo del espionaje ilegal se suma a otro, vinculado: el de la salida a la luz de la llamada “mesa judicial” del PRO, un equipo organizado de lobby destinado a presionar a jueces para inclinar fallos de acuerdo a los intereses perseguidos por el gobierno de Cambiemos.
El caso del espionaje de correos se destapó en las últimas semanas cuando un empleado de la AFI halló una serie de archivos dentro de un disco rígido de una computadora inactiva que contenía información precisa sobre actividades de inteligencia ilegal.
El listado que se incluye en la denuncia judicial, publicado por el portal Perfil, es el que sigue:
1. Carlos LOPEZ;
2. Luis Fernando NAVARRO;
3. Mariana PONCE DE LEON;
4. Rodolfo TAILHADE;
5. Marcos HARGUINTEGUY;
6. Martín SABATELLA;
7. Leonardo SABATELLA;
8. Juan Manuel PEDRINI;
9. Carlos Alfonso TOMADA;
10. Elisabeth GOMEZ ALCORTA;
11. Verónica MAGARIO;
12. Joaquín ESCOBAR;
13. Hugo MATZKIN;
14. Araceli BELLOTA;
15. Gastón CASTAGNETO;
16. Carlos CASTAGNETO;
17. Valeria SILVA;
18. Andrea Gabriela VACA NARVAJA;
19. Ricardo FOSTER;
20. Lía MENDEZ;
21. Guillermo MOSTOL;
22. Walter ARIELI;
23. Jorge PISSACO;
24. María Lara CARVAJAL;
25. Hugo SERPA;
26. Lucila PUYOL GARATEGUI;
27. Daniel YARMOLINSKI;
28. Gabriela CERRUTI;
29. Laura ALONSO;
30. Nicolás MASSOT;
31. Ernesto SANZ;
32. Ofelia CEDOLA;
33. Esteban DIBAJA;
34. Leticia ANGEROSA;
35. Horacio MIZRAHI;
36. Héctor DAER;
37. Mario NEGRI;
38. Patricia CUBRÍA;
39. Omar PEROTTI;
40. Silvia HORNE;
41. Silvia ROJKES;
42. Ángel ROZAS;
43. Martín DONATE;
44. Alejandro LOEDA;
45. Alberto WERETILNECK;
46. Eleonora HEINRICH;
47. Cristina BRITEZ;
48. Marcos CLERI;
49. Gerardo ARANGUREN;
50. Luis MAJUL;
51. Gabriela TROIANO;
52. Mario BARLETTA;
53. Adrián GRANA;
54. José PITIN ARAGON;
55. Gustavo Alfredo WALKER;
56. Salvador CABRAL;
57. Miguel NANNU;
58. Waldo CARRIZO;
59. Mauricio MAS;
60. Nicolás CANOSA;
61. Guido PASAMONIK;
62. Sergio ZURANO;
63. Mauro BATTAFARANO;
64. Pablo Oscar VERA;
65. Susana GUTT;
66. Daniel YARMOLINSKI;
67. Adriana FONTANA;
68. Marianela PAEZ;
69. María Laura PENNISI;
70. Carlos RAIMUNDI;
71. Gerardo RICO;
72. Hugo PEROSA;
73. Anabela ALDANONDO;
74. Guillermo MOSTOL;
75. Raúl REYES;
76. Marcela RIPOLI;
77. María del Carmen PEÑA;
78. Ángel GRACIANO;
79. Sol GONZALEZ;
80. Cintia LUJANA;
81. Ernesto PAILLALEF;
82. SALERNO ERCOLANI;
83. Delfina SUPISICHE;
84. Fernando TORRILLATE;
85. Gustavo TRAVERSO;
86. Pablo Oscar VERA;
87. Susana GUTT.
