Sectores políticos, sociales y sindicales solicitaron al gobierno nacional que intervenga sobre sus activos y la toma de decisiones.
La crisis de la empresa Vicentín , la mayor exportadora de productos de soja del país, llevó a que dirigentes políticos, sindicales y sociales vinculados al kirchnerismo solicitaron hoy al Gobierno nacional que sea declarada “empresa pública no estatal” para evitar “una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.
La compañía, que integra el ránking de las diez agroexportadoras más importantes del país, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último, cuando no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de US$ 1.350 millones, de los cuales una gran parte corresponde a créditos otorgados por el Banco Nación . Ello motivó a que sectores vinculados al kirchnerismo y sus aliados, soliciten aplicar una figura jurídica inusual sobre la empresa y que si bien no implica una expropiación directa, significaría una fuerte intervención sobre sus activos y toma de decisiones.
“Consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad”, manifestaron los firmantes de una declaración conjunta dirigida al gobierno nacional.
En ese sentido, manifestaron que resultaría “insensato ceder una empresa estratégica como Vicentín a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina“. Ese punto hace referencia a los rumores sobre la posible adquisición del paquete accionario de la compañía por parte de multinacionales extranjeras interesadas en el negocio agroexportador.
“El gobierno nacional no debería permitir que la misma caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales“, aseguraron a través de una carta abierta.
Propusieron entonces que el Gobierno impulse las medidas necesarias “para transformar a Vicentín en una empresa pública no estatal bajo control político y social” a la vez que solicitaron una urgente entrevista con el presidente Alberto Fernandez.
Entre los firmantes del documento figuran Claudio Lozano (director del Banco Nación), Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Fernando “Pino” Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez y Omar Príncipe (ex presidente de FAA), entre otros.
La empresa Vicentin solicitó a principios de febrero la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante la justicia de Santa Fe y por estos días se debate el futuro de la compañía, de la cual, se calcula, dependen unos 7 mil empleos en forma directa.
No es la primera vez que el kirchnerismo pide intervenir en el sector privado por el endeudamiento de las empresas. Hace dos semanas, la diputada nacional Fernanda Vallejos propuso “apropiarse” de parte del capital de las empresas que hayan accedido al programa ATP para que la Anses abone el 50% de los salarios de los empleados.
