El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó y embargo por $100 millones al extitular de Economía en el gobierno de Macri.
Este nuevo procesamiento se sumó al que resolvió días atrás sobre el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías, a quienes también fijó embargos a cada uno de 500 millones de pesos.
En tanto, Dujovne declaró brevemente a través de videoconferencia, entregó un escrito y no respondió preguntas.
Para Canicoba Corral, Dujovne es responsable de “intencionalmente intervenir, conforme el cargo que desempeñaba, en el trámite de renegociación contractual, el cual debería haber suscripto y en todo caso, haber confeccionado los informes técnicos, económicos y dictámenes jurídicos propios de esa cartera con incumbencia en la materia”.
“Ha quedado demostrado, con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal que el nombrado intencionalmente no ejecutó la normativa cuyo cumplimiento le incumbía, conforme el cargo que desempeñaba”, enfatizó el magistrado en el fallo, en el que señaló que el exministro buscó deliberadamente evitar estampar su firma en las renegociaciones ahora investigadas como irregulares.
En este expediente se investigan maniobras a través de las cuales las empresas AUSOL y Grupo Concesionario Oeste S.A. lograron prolongar la concesión de los peajes de los accesos Norte y Oeste respectivamente hasta 2030, sin pasar por un previo proceso licitatorio, y se garantizaron así que el Estado les reconociera deudas de 499 millones de dólares y 247 millones de dólares, según el caso.
Para el magistrado, la actitud del exministro de Hacienda “permitió que con fecha 26 de junio de 2018 se celebraran en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste, respectivamente, sin realizar objeciones el nombrado en cuanto a que sus cláusulas podían resultar contrarios a la ley vigente o perjudiciales para las arcas del Estado”.
La pesquisa gira en torno a la extensión irregular de los contratos y al reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas por inversiones supuestamente realizadas, “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”.
La denuncia tuvo origen en la investigación que hicieron los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, donde acusaron no sólo por las irregularidades de los contratos que tenían vencimiento en 2030, sino también por el pago de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en la empresa Ausol a la firma Natal Inversiones. La investigación es sobre los concesionarios de la autopista Panamericana y el Acceso Oeste.
