La vicepresidenta cuestionó en su página web si la actual iniciativa del Ejecutivo es una reforma.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo en su página web que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo “se lo ha titulado erróneamente ‘Reforma Judicial’”. En ese sentido, sostuvo que “en nuestro país en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales”.
“La primera, fue la que envié al Congreso siendo Presidenta de la Nación en el año 2013 y que, votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios”, escribió la exmandataria.
Con respecto a la segunda, acusó al expresidente Mauricio Macri de haber realizado una reforma judicial “de facto, sin ley y contra la Constitución”. Al respecto sostuvo que el actual presidente de FIFA la realizó “a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia de la Nación”.
Según Fernández de Kirchner, fue “una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios. A algunos de estos últimos para despojarlos de sus empresas y a otros para saldar cuestiones comerciales o hasta personales”.
En ese sentido, la vicepresidenta enumeró “cuatro ejes fundamentales” de “esa reforma de facto”. El primero según la exmandataria es que “creó e impuso una mesa judicial en la órbita del Poder Ejecutivo”. Al respecto dijo que estaba “integrada por funcionarios y abogados del poder cuya función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py”.
En su página web, la política sostuvo sobre el segundo “eje”: “Incorporó la llamada ‘Doctrina Irurzun’ (en referencia al camarista de Comodoro Py Martín Irurzun)”. Al respecto dijo que por ella “se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, privandolos de su libertad en forma ilegal”.
Además, en un tercer punto, Cristina Kirchner dijo que “comenzó a trasladar jueces a juzgados y tribunales para los cuales no habían sido designados”. Y continuó: “Sumándole además el incumplimiento de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los jueces”.
Por último, en un cuarto punto añadió: “Convirtió a la AFI en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores. Para ellos se utilizaban los fondos del organismo de inteligencia que Macri había vuelto a convertir en reservados apenas asumió el gobierno”.
