Las elecciones presidenciales y parlamentarias estaban previstas inicialmente para el 3 de mayo, pero se aplazaron ‘sine die’ por la pandemia de coronavirus.
El Congreso –controlado por el MAS de Morales– las dejó para el 6 de septiembre pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) las ha vuelto a posponer al 18 de octubre por los mismos motivos.
El TSE y el Gobierno interino de Jeanine Áñez, que aceptó a regañadientes la fecha del 6 de septiembre, defienden que no se puede votar en plena crisis sanitaria, ya que Bolivia aún no ha alcanzado el pico de contagios, mientras que el MAS cree que es una estrategia dilatoria para perjudicar a su candidato presidencial, Luis Arce.
Así las cosas, en las últimas semanas las protestas, bloqueos de carreteras incluidos, se han sucedido por la geografía boliviana y el Gobierno ha intentado entablar un de “diálogo nacional” que se le resiste.
“Hay compañeros que dicen que por lo menos sea el 4 o el 11 de octubre, pero no el 18. Yo me pregunto, ¿para qué estar peleando por una semana? Creo que no tiene sentido esta clase de planteamiento. Por dos semanas o tres no vamos a hacer problemas”, ha defendido Morales en un encuentro con jóvenes por Facebook Live.
Ante la creciente violencia, el líder indígena ya había pedido al “pueblo movilizado” que reconsiderara la propuesta del TSE. El antiguo mandatario ha avanzado que en las próximas horas el MAS y los movimientos afines darán una respuesta a la oferta de diálogo de Áñez, según informa el diario boliviano ‘El Deber’.
Además, ha advertido a sus seguidores de que en realidad estarían siguiendo los supuestos planes ocultos del Ejecutivo. “El Gobierno no quiere que se resuelvan los bloqueos para seguir culpándonos de la crisis”, ha avisado.
La COB dio por roto el diálogo con el TSE y descartó cualquier contacto con el Gobierno después de que el presidente del órgano electoral, Salvador Romero, dijera el domingo de madrugada, tras horas de reunión, que el 18 de octubre es la fecha “definitiva”.
De acuerdo con ‘El Deber’, el principal escollo para las negociaciones en estos momentos es que los manifestantes, principalmente mineros y campesinos de La Paz y El Alto, reclaman ya la dimisión de Áñez, algo que no compartirían desde el MAS porque, en su opinión, solo retrasaría aún más los comicios.
En el extremo contrario, la Asamblea de la Cruceñidad, convocada por el Comité Cívico de Santa Cruz, rival político del MAS pero también crítico con Añez, ha exigido la dimisión de Romero como presidente del TSE y ha dado un plazo de 48 horas al Gobierno para desbloquear las carreteras cruceñas, de acuerdo con el diario boliviano ‘La Razón’.
De forma paralela a su oferta de diálogo, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un operativo militar y policial para romper los bloqueos y poder transportar 66 toneladas de oxígeno desde Santa Cruz a La Paz, Cochabamba y Oruro.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha llegado a decir en las últimas horas, en una entrevista concedida a CNN, que están intentando evitar una “guerra civil”. “No es solamente salir y meter bala, eso sería lo políticamente correcto, pero no es lo que debemos hacer en este momento”, ha dicho.
En este contexto, la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y Naciones Unidas han emitido un comunicado conjunto en el que piden a los implicados en esta crisis “respuestas efectivas a favor de la vida y la defensa de los Derechos Humanos”.
En concreto, han instado “a los sectores movilizados que están bloqueando caminos a deponer aquellas actitudes en bien de la convivencia”.
“Hoy, más que nunca, la unidad y la solidaridad son fundamentales para enfrentar los grandes retos de salud pública y la crisis política que nos pone en escenarios de conflictividad y violencia, cuyas consecuencias podrían ser mayores si se mantienen las posiciones encontradas”, han avisado.
También han expresado su “pleno apoyo” al Tribunal Supremo Electoral, destacando “los esfuerzos que ha estado realizando para lograr consensos entre los actores políticos y sociales que contribuyan a fortalecer la institucionalidad democrática y el proceso electoral”.
Asimismo, han apostado por “el diálogo como el instrumento adecuado para construir acuerdos y garantizar un camino de justicia, progreso en paz, entendimiento, salvaguarda a los Derechos Humanos y respeto entre todos”.
“Este es el momento para buscar el bien común, para mirar hacia el futuro, no para poner en peligro la convivencia pacífica, democrática e institucional entre todos los bolivianos y, menos aún, la salud y la vida de su población”, han sostenido.
La actual crisis política en Bolivia estalló con las pasadas elecciones del 20 de octubre. La oposición denunció un fraude electoral por parte de Morales que vino a ser confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA) al detectar “irregularidades”.
Morales dimitió y se exilió –primero a México y luego a Argentina–, dando lugar a una ola de disturbios que se saldó con más de 30 muertos en enfrentamientos entre partidarios y detractores suyos y con las fuerzas de seguridad.
