La Cámara Federal porteña anuló este jueves los procesamientos de los ex ministros de Economía Nicolás Dujovne y de Transporte Guilermo Dietrich, en el marco de la causa por supuestas irregularidades en la concesión de licitación de peajes del Oeste y Panamericana.
Los jueces de la causa sostuvieron que cuando los exfuncionarios fueron indagados por el ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral no tuvieron acceso a la prueba que había en su contra, según indicaron fuentes judiciales.
Fuentes judiciales informaron a que el Tribunal también dio marcha atrás con los procesamientos que había impuesto el ahora ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral poco antes de renunciar sobre el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frias y el ex director Nacional de Vialidad Javier Iguacel.
El fallo fue firmado por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, este último cuyo cargo es objetado por el oficialismo, que pretende vuelva a su designación original en un Tribunal Oral Federal y que fue trasladado a la Cámara durante el macrismo.
Los procesamientos habían sido dictados en tiempo récord por Canicoba Corral, quien indagó a cada uno de ellos por videoconferencia a raíz de la pandemia, por el riesgo de contagio de coronavirus.
Además, tuvieron lugar poco antes de que que se hiciera efectiva la renuncia del magistrado -designado en la década del ´90-, al cumplir los 75 años como límite que marca la ley para los jueces.
Fueron procesamientos por los delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad con embargos que alcanzaban los 100 millones de pesos.
En el fallo de este jueves, los camaristas consideraron que el juez indagó basándose en documentación que mantuvo bajo reserva, sin poder ser vista por los acusados, que no pudieron tener control ni una correcta defensa.
Irurzun y Bruglia notaron que ni antes ni después de las indagatorias las defensas tuvieron la posibilidad de ver esa documentación, sino que lo hicieron recién cuando apelaron a la Cámara Federal.
“Si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas, se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. El procesamiento así dictado es nulo”, evaluaron los jueces.
Ahora, la causa volverá a primera instancia y será el juez subrogante Julián Ercolini quien determinará si los vuelve a indagar, teniendo a la vista esa documentación que Canicoba Corral resguardó en su momento.
“A todas luces, estos contratos de renegociación contractual, transformaron el objeto por el cual, se iniciaron estas negociaciones, luego de la crisis económica del 2001, cuyo fin era una reconversión del Plan Económico Financiero, concluyendo en nuevos contratos de concesión con condiciones absolutamente favorables para las empresas concesionarias, y dan cuenta de claras maniobras delictivas llevadas a cabos por los funcionarios públicos y empresarios intervinientes, quienes violando las leyes y normativas vigentes y persiguiendo fines de lucro para si o para terceros, incumplieron el deber de resguardo y protección de los intereses del Estado Nacional, función que les competía a los funcionarios imputados, conforme el cargo público que desempeñaban”, había marcado el juez Canicoba Corral.
Los funcionarios “fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios, quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del estado”, había acusado el juez.
