Con bocinazos, banderas argentinas y carteles contra el Gobierno, una caravana de autos se acercó hasta la casa del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la ciudad santafesina de Rafaela, y dejó en claro su postura rumbo al martes, cuando se defina el futuro de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.
El hecho ocurrió el sábado, a 72 horas de que el máximo tribunal decida, en un “acuerdo extraordinario”, si da lugar a los recursos presentados por los tres jueces, que fueron removidos desde el Senado. Bertuzzi, Bruglia y Castelli investigaron a Cristina Fernández de Kirchner en distintas causas por corrupción.
El recorrido de la caravana comenzó cerca de las 16 por la mano norte del Boulevard Santa Fe y se hizo escuchar. Luego, los manifestantes giraron a la izquierda por una calle interna hasta tomar el Boulevard Yrigoyen, hacia el sur.
Los autos llevaban pegados carteles con reclamos para que la Corte ponga un freno a los desplazamientos y también proclamas contra el Gobierno. Además, flameaban banderas argentinas desde las ventanillas. Los principales mensajes decían: “Señores jueces, dejen de violar la Constitución”, “Alberto y Cristina, fuera de la Argentina” y “Despierten argentinos, no a la impunidad K”.
La casa de Lorenzetti está ubicada en una zona residencial cercana al Aeródromo rafaelino, según informaron medios locales. De acuerdo a esas fuentes es allí donde el juez pasa los fines de semana.
La definición
El martes pasado, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, convocó a un “acuerdo extraordinario” para pasado mañana. El objetivo es que ese día el tribunal se expida sobre los planteos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
“La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados. Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”, señaló Rosenkrantz.
La resolución tuvo un significado y un impacto político mucho más fuerte que jurídico: la Corte deberá tratar el pedido de per saltum con el que los jueces desplazados intentaron evitar esa acción. El tribunal puede rechazarlo, admitirlo e incluso resolverlo dándoles una respuesta a los jueces, al Senado y a la sociedad.
Esta convocatoria generó el viernes la reacción del presidente Alberto Fernández, quien criticó a la Corte, apuntando especialmente a Rosenkrantz por apurar ese debate sobre la remoción de jueces. “¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte, qué es lo que está buscando? Yo me lo pregunto porque realmente cualquiera que ha estudiado Derecho sabe que esto es un escándalo jurídico”, cuestionó el mandatario. Y agregó: “Me llama mucho la atención y me preocupa por los comentarios que me llegan, por cosas que se ven adentro de la Corte, me preocupa enormemente, porque la verdad que lo único que estamos haciendo nosotros es restablecer un orden perdido en el gobierno anterior”.
Como consecuencia de esta situación, el miércoles pasado se desarrolló frente a los Tribunales la denominada marcha de las antorchas, en la que cientos de personas apoyaron a los jueces removidos de sus cargos y protestaron contra el Gobierno. El lema de esa reunión fue “Una luz por la República”.
