La Cámara Nacional Electoral emitió una resolución que establece la obligatoriedad de adecuar la cantidad de bancas por distrito.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó un fallo que establece la obligatoriedad de adecuar la cantidad de bancas por distrito (provincias y Capital Federal) en Diputados a la población real y actual. “Debe darse una pronta solución frente a la vulneración de los derechos de raigambre constitucional, pues lo contrario importaría desconocer la naturaleza del amparo frente a la afectación de un derecho y, en consecuencia, lo manifestado por este tribunal se convertiría en letra muerta”, dictaminaron los jueces a fines de la semana pasada. Si el fallo se efectiviza, la provincia de Buenos Aires pasaría a tener cien diputados (ahora 70) y, entre otras, Córdoba y Santa Fe, 24 cada una (hoy 18 y 19, respectivamente).
La distribución de las bancas en el Congreso nacional quedó congelada con la foto de la Argentina de 1983. Pero en 37 años las proporcionalidades demográficas de los distritos cambiaron y, en algunos casos, mucho. Sin embargo, todo continúa regido por una ley del último presidente militar de la dictadura, Reynaldo Bignone (1983). Allí se estableció que a la Capital Federal le correspondían 25 diputados, a Buenos Aires 70 (por entonces vivían allí 10 millones de personas), a Santa Fe 19 y, entre otras, a Córdoba 18.
En 2020, los porteños “ponen” un diputado con 115 mil votos, santafesinos y cordobeses con 170/180 mil y los bonaerenses necesitan reunir 240 mil voluntades para acceder a una banca en la Cámara baja.
La injusticia es flagrante, y con un agravante: la Constitución Nacional establece (artículo Nº 45) que “la integración de la Cámara debe adecuarse a los datos actualizados sobre la población de las respectivas provincias y la Capital Federal”, según cada censo nacional (cada diez años). Pero nunca se aplicó, desde 1983 hasta la actualidad.
Tal vez algún distraído se sorprenda, pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) tuvo su mayor cantidad de habitantes hace 73 años, en 1947, cuando contabilizó a 2,9 millones de residentes. De ahí en más, se estancó o declinó, hasta los 2,8 millones actuales. Durante esos años dorados, la Argentina tenía 15 millones de habitantes y la por entonces Capital Federal reunía al 20 por ciento de sus habitantes. En 2020, el porcentaje de residentes porteños, del total de los argentinos, no supera el 7%.
Inequidad
Pero los recursos que recibe la Capital Federal y la cantidad de bancas que la representan en el Congreso, lejos de declinar, aumentaron. Al cabo, la sobrerrepresentación de Caba —en detrimento de las provincias—, además de mediática y económica, es política.
En aquel lejano 1947, la gigantesca Buenos Aires tenía 4,2 (hoy 17 millones) de habitantes y Santa Fe y Córdoba, sumadas, equiparaban la población de la Reina del Plata. Hoy, las dos grandes provincias del país adentro superan la población porteña (la relegan al 4º puesto en el ranking nacional de distritos) y suman cerca de 7 millones de almas.
“La cabeza de Goliat” que describió Ezequiel Martínez Estrada como un problema, en aquellos años 40 del siglo pasado, continúa incólume. Aunque ahora ya no expresa el 20 por ciento del total de la población nacional, sino sólo 7%.
Con todo, las grandes mayorías argentinas residen muy cerca del límite que marca la mítica avenida General Paz, en el Gran Buenos Aires. Ese anillo de 30 kilómetros donde habitan muchos de los grandes dramas sociales y económicos de la Argentina.
Alberto Fernández, con la fuerte decisión de retrotraer el último privilegio capitalino que le había otorgado el anterior presidente Mauricio Macri, al ceder recursos excesivos al momento de traspasar la Policía Federal a la órbita del jefe de Gobierno porteño, parece empeñado en iniciar el largo camino para resolver desequilibrios que se constituyeron desde el día cero de la conformación nacional.
En tanto, en el Congreso todos saben que ajustarse al fallo de la Cámara Nacional Electoral y alumbrar una nueva Cámara baja de manera inmediata, resulta casi una quimera.
Por ahora, no movió el amperímetro de las preocupaciones de casi nadie. El primer paso consistiría en dictar una ley que se ajuste a la Constitución y al reciente fallo. Pero, se sabe, siempre en el principio de todo cambio profundo tienen lugar la rosca política y sus impredecibles derivaciones.
