El Consejo de la Magistratura respondió a través de dos informes (uno de 39 páginas para los casos de Bruglia y Bertuzzi y otro de 38 páginas para el caso de Castelli) a la demanda presentada por los tres jueces y lo hizo dentro del plazo de 48 horas que le había dado el máximo tribunal cuando decidió dar tratamiento al per saltum.
Con la firma del presidente del Consejo, el juez civil Alberto Lugones, el escrito presentado a la Corte recordó sus competencias fijadas por la Constitución y que en el caso de los tres jueces su intervención se limitó “a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo” para que revise esos traslados.
También subrayó Lugones en su escrito que, en el caso de una decena de jueces, entre ellos los jueces referidos, “no se ha completado el procedimiento constitucional complejo previsto en el artículo 99 inciso 4, 2 párrafo, de la Constitución Nacional y expresamente consolidado, en cuanto sus etapas indispensables, señaladas por V.E. (la Corte) en las acordadas n 4/2018 y 7/2018”.
Sobre esta base y sin eufemismos, el presidente del Consejo concluyó que “se extrae con claridad que la acción esgrimida por los accionantes intenta bloquear el ejercicio de facultades constitucionales privativas del Poder Ejecutivo”.
“Los recurrentes se han limitado a formular afirmaciones meramente dogmáticas sobre los agravios que, según su particular entender, podría ocasionarles la resolución 183/20, omitiendo indicar de modo preciso, en qué consistiría el supuesto gravamen al no haberse puesto en tela de juicio las garantías constitucionales de la inamovilidad y estabilidad en el cargo consagradas en el art. 110 de la Constitución Nacional”, añadió el juez.
Al igual que la jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti, el Consejo estimó que “no están presentes los presupuestos básicos que habilitan la vía excepcional del amparo”.
También destacó Lugones que entre los diez jueces cuyos traslados el Consejo decidió aconsejar su revisión, “siete se presentaron ante la Comisión de Acuerdos del Senado” y que Bertuzzi, Bruglia y Castelli “decidieron no concurrir a la audiencia pública”.
“En razón de ello, y atento a la mencionada incomparecencia, el Senado de la Nación procedió a rechazar los pliegos de esos tres jueces” concluyó Lugones y solicitó que se confirme la sentencia recurrida con costas para los peticionantes.
Lo que sigue
Ahora, el que debe también opinar es el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, tras lo cual la Corte quedará en condiciones de resolver la cuestión de fondo, esto es, si los jueces se quedan en los cargos que obtuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri o si vuelven a los originales.
Por lo pronto, los magistrados tienen licencia por 30 días, tal cual decretó la Corte Suprema este miércoles, lo que se supone que le dará tiempo a sus integrantes para resolver la cuestión de fondo planteada.
El pasado martes, el alto tribunal aceptó resolver el per saltum y eso implicó la suspensión automática de la decisión del Consejo de la Magistratura que había objetado los traslados de esos tres jueces sumado al de otros siete durante el macrismo.
En medio de una gran expectativa y de cruces entre el oficialismo y la oposición sobre el tema, se espera que la decisión de la Corte Suprema sobre el fondo no se dilate mucho ya que, al haber aceptado el per saltum, acortó los plazos.
Los jueces Bertuzzi, Buglia y Castelli habían investigado a la ex presidenta Cristina Kirchner y actualmente están de licencia a la espera del fallo judicial sobre la cuestión de fondo.
