Lo resolvió el camarista Sebastián Creus a raíz de las apelaciones presentadas por las defensas de tres imputados y por el propio MPA.
El juez de segunda instancia Sebastián Creus confirmó la acusación presentada por el MPA a cinco exintegrantes de la comisión directiva de la asociación civil Club Atlético Colón por administración fraudulenta y estafas cometidas entre 2006 y 2013.
El camarista también revocó parcialmente el sobreseimiento –dictado en primera instancia por el juez Nicolás Falkenberg el 27 de julio– a los
cinco acusados en relación a dos de los hechos atribuidos por el MPA.
La resolución de Creus se dio a raíz de las apelaciones presentadas a lo dispuesto por Falkenberg por las defensas de tres de los cinco acusados
y por el propio MPA.
Con esta decisión de segunda instancia, la investigación se encamina al juicio oral y público de los cinco acusados. En tal sentido, la Oficina
de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear los tres jueces que integrarán el tribunal pluripersonal y fijar la fecha de inicio del debate.
“Todas las cuestiones opuestas como defectos de la acusación no constituyen defecto de forma ni llevan a una acusación irrazonable, sino que
se vinculan con la contundencia de fundamentos –tanto probatorios como de análisis de tipicidad– para arribar a una certeza o no. De eso se tratará el debate en juicio”, afirma Creus en su resolución.
Asimismo, el camarista entiende que la acusación presentada por el MPA “contiene los elementos suficientes mínimos para entender el porqué
afirma que los imputados deben ser condenados y, por tanto, es suficiente”.
Único hecho ilícito
La fiscal que investigó los hechos es Mariela Jiménez. La funcionaria del MPA acusó al expresidente de la entidad, GEL de 54 años; al exvicepresidente,
ROM de 62 años; al extesorero, CAM de 75 años; y al exsecretario general, MEM de 57 años, como coautores del delito de administración fraudulenta. Por su parte, el exsíndico, OOP de 68 años, fue acusado como coautor del delito de administración fraudulenta, en concurso real con la autoría del delito de estafa.
En cuanto a las penas solicitadas, la fiscal Jiménez adelantó que solicitará penas de entre cuatro y seis años.
“En la acusación que formulamos, consideramos que estamos ante un caso de un único hecho ilícito de administración infiel”, sostuvo la fiscal
y agregó que “todos los imputados se condujeron pluralmente en la ejecución de la administración tildada de infiel”.