Mediante un decreto, el presidente Luis Lacalle Pou decidió impulsar un nuevo régimen simplificado y reducir la carga tributaria a los nuevos capitales que ingresen al país.
Luego de flexibilizar los requisitos para adquirir la residencia fiscal, el gobierno de Uruguay impulsó una serie de medidas para alentar el ingreso de capitales en el país vecino.
Mediante el decreto N°268/020, el presidente Luis Lacalle Pou ofreció más excepciones de impuestos a quienes inviertan y generen puestos de trabajo. Así, dispuso que se libere a las empresas de hasta el 90% del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).
Esto se traduce en una baja de 10% al 2,5% de la tasa efectiva anual a pagar. En la previa a este decreto, las empresas que llegaban a Uruguay podía obtener este beneficio hasta el 80% mientras que para las ya establecidas era del 60%, según explicó.
“La economía uruguaya sufre el impacto del descenso de la actividad económica a nivel mundial producto de una crisis sanitaria” y “en el contexto de la coyuntura actual se presentan dificultades para conservar el nivel de actividad existente previamente”, fundamenta la normativa.
Por otro lado, el decreto extiende el plazo mínimo de acceso al beneficio de tres a cuatro años y modifica el escenario para las inversiones ya instaladas y en desarrollo.
Hasta ahora, señalaba que los proyectos que ya había realizado más del 20% de la ejecución no podían acceder al beneficio. Ahora, eliminan ese porcentaje. La normativa debe ser aprobada en el Congreso uruguayo.
El decreto lleva la firma del presidente y cinco ministros, los de Economía, Industria, Trabajo, Ganadería y Turismo, que modifica el Régimen General de Promoción de Inversiones.