El 3 de noviembre de 1995, la ciudad cordobesa era sacudida por las detonaciones. Murieron siete trabajadores y hubo más de 300 heridos.
Un cuarto de siglo después de esos hechos, el ex presidente Carlos Saúl Menem será juzgado en los tribunales federales de Córdoba para determinar si tuvo responsabilidad en ordenar la ejecución de esas explosiones.
El 3 de noviembre de 1995, a las 8.55, tres explosiones desencadenaron la tragedia que dejó siete muertos (todos ellos ajenos a la fábrica militar), más de 300 vecinos heridos y daños millonarios en una parte importante de la ciudad que quedó destruida como consecuencia de este estrago doloso.
“Fue un hecho de una gran gravedad en el que hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar. Hubo una estructura de poder que estuvo detrás de esas explosiones y eso es lo que determinó la justicia”, señaló el abogado querellante Horacio Viqueira.
El abogado representa a María Eugenia y María Julia, las hijas de Ana Gritti -esposa de Hoder Dalmasso, muerto el día de las explosiones-, quien impulsó durante años la investigación casi en soledad, hasta su fallecimiento en 2011.
Las dos primeras detonaciones se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros.
De esta forma, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando grandes daños.
En un principio, la justicia orientó la investigación hacia la hipótesis de un accidente, ocasionado por un desperfecto en la manipulación de un montacarga que había determinado que un tambor con trotyl se prendió fuego y se extendió a otros que contenían ese explosivo.
Pero años más tarde, pericias técnicas determinaron que el trotyl no puede estallar por acción de la llamas, ya que ese material sólo puede explotar con el accionar de un detonador.
La investigación judicial, en base a testimonios de los empleados, estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares, con el objetivo de “acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones”.
Otra prueba de la intencionalidad que estableció la Justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad.
¿Qué se pretendió ocultar con las explosiones? Entre 1991 y 1995, el entonces presidente Carlos Saúl Menem firmó decretos para vender armas a Panamá y Venezuela, que sin embargo terminaron en Ecuador y Croacia en operaciones de triangulación.
En el verano de 1995, los casos de armas argentinas descubiertas en Croacia y Ecuador comenzaron a multiplicarse, y esos hechos se denunciaron ante la Justicia. En paralelo, los jefes de las unidades del Ejército que tenían material alojado en Río Tercero -que supuestamente estaba en reparaciones- comenzaron a demandar que fueran reintegrados a sus bases.
A 25 años de la tragedia, la ciudad cordobesa sigue de luto y brinda este martes un homenaje a las siete víctimas fatales y a los más de 300 heridos, con una misa en la plazoleta del Milagro y otras actividades que desarrollarán a lo largo del mes.
Todos los damnificados siguen esperando el pago de indemnizaciones por parte del Estado.
Se calcula que son 10 mil familias las que tienen que recibir los pagos ordenados por la Justicia y por decreto presidencial emitido durante el gobierno de Mauricio Macri.
En dialogo con Radio EME, Eugenia Dalmaso Gritti, querellante en la causa de la explosión de la fábrica de Río Tercero, habló sobre el estado actual del proceso judicial: “Nos informaron que Menem ha sido citado para declarar. Lo esperaremos, seguramente sus abogados lo excusarán como siempre”.
