El abogado Eugenio Malaponte presentó una denuncia penal para que se investigue el concurso que dio lugar a la designación de Patricio Serjal como fiscal regional de Rosario.
Serjal está preso e imputado por cobrar coimas para proteger a una red de juego clandestino, en una causa en la que comparte responsabilidad por otro exintengrante del Ministerio Público de la Acusación, Gustavo Ponce Asahad.
Malaponte describió cómo es el proceso de selección y nombramiento de jueces y fiscales en la provincia. Se eligen por concurso en función de antecedentes laborales y conocimientos jurídicos. Entonces se nombran tres candidatos y es potestad del gobernador de la provincia elegir a una de esas personas. Luego se necesita el acuerdo del Senado. La Legislatura provincial debe darle la aprobación y así queda formalizado el nombramiento.
El abogado de origen radical remarcó: “Descubrimos que en el caso de Serjal, un funcionario corrupto, ese concurso estaba amañado, hubo trampa, y esa persona nunca debería haber participado del concurso. El concurso, extrañamente, se hizo en forma oral. En cinco horas se tomaron los exámenes, se hicieron las correcciones, se hizo la oposición de antecedentes, se levantaron las actas. Todo eso en cinco horas. Se tomaron nueve exámenes en ese tiempo”.
Al ser consultado sobre quien sería el responsable de convalidar un concurso amañado, Malaponte señaló: “La ley dice que el gobernador es quien elige al candidato que debe recibir el acuerdo del Senado. Es el encargado de realizar el concurso. Después de ese concurso del que surgen los tres candidatos para ocupar el cargo, el titular del Ejecutivo debe seleccionar a uno y después darle participación a la Legislatura. Miguel Lifschitz era el único con fuerza política sufienciente para manipular un concurso de semejante envergadura. Más allá de algún funcionario que haya metido la uña, el exgobernador Lifschitz fue el responsable jurídico y político. Esta denuncia no va contra él, sólo le pide a la Justicia que investigue el concurso”.
