El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) negó haber autorizado una suba de tarifas del 20% para servicios de telecomunicaciones y en los próximos días tomará la decisión acerca de cómo se irán descongelando los valores.
El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, dijo en declaraciones radiales: “Evaluaremos el modo de descongelamiento de precios, pero hasta que el ente no se expida, las empresas no están autorizadas a aumentar los precios”.
López aclaró que el aviso de ajuste del 20% que hicieron las empresas a sus clientes no fue consensuado ni autorizado por el gobierno: “Las empresas se tiran el lance para los aumentos pero absolutamente nada está autorizado”, enfatizó.
Fuentes oficiales consultadas por NA indicaron que aún no se resolvió cómo será el descongelamiento, pero señalaron que el incremento no sería de una sola vez sino en cuotas, para amortiguar el impacto en el bolsillo de los usuarios.
Si bien las mismas fuentes en un principio dijeron que estaba prevista una reunión con representantes de las empresas, desde el Gobierno indicaron por la tarde que esto no es así, que ese encuentro no estaba en agenda.
El martes, las empresas que brindan servicios de Internet, cable y telefonía comenzaron a comunicar a sus clientes que definieron aumentar 20 por ciento las tarifas a partir de enero próximo.
Los costos de estos servicios se habían congelado hasta fin de año, en medio de la pandemia de coronavirus, y las empresas salieron a comunicar el ajuste afirmando que contaban con un supuesto visto bueno del Gobierno.
“Con el fin de poder mantener la calidad de los servicios y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el marzo de este año, informamos que el 1 de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%”, informó en la factura de diciembre la empresa Cablevisión Fibertel a sus clientes.
El 21 de agosto último, el presidente Alberto Fernández anunció la decisión de declarar como “servicios públicos” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga”, y anticipó que las tarifas de esas prestaciones quedarían congeladas hasta el 31 de diciembre.
La medida se concretó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
