Dos de las personas investigadas son oficiales, y las otras dos son suboficiales. Los ilícitos fueron cometidos el jueves 28 de enero mientras prestaban funciones.
Cuatro policías que prestaban funciones en la Seccional Octava de la ciudad de Santa Fe quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por torturas cometidas en perjuicio de cuatro víctimas.
Las medidas cautelares impuestas a tres de las personas investigadas fueron ordenadas por los jueces Nicolás Falkenberg y José Luis García Troiano en audiencias llevadas a cabo en los tribunales de la capital provincial el sábado 6 y el jueves 11 de febrero, respectivamente. Por su parte, en horas del mediodía del viernes, el juez Pablo Busaniche dispuso la prisión preventiva del cuarto policía detenido.
“Con las evidencias que presentamos hasta el momento, y atendiendo a la instancia procesal en la que estamos, los tres jueces dieron por acreditados los hechos ilícitos”, valoraron los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, quienes están a cargo de la investigación. “También hicieron lugar a la calificación penal que atribuimos a las cuatro personas (ver “Imputaciones”)”, agregaron.
Torturas
“Los ilícitos que investigamos comenzaron a cometerse alrededor de las 13:00 del jueves 28 de enero de este año”, informaron los fiscales. “Los dos oficiales y uno de los suboficiales ingresaron sin autorización legal, sin las formalidades prescriptas por la ley y sin permiso de sus moradores en dos viviendas ubicadas en la zona norte de la ciudad de Santa Fe”, relataron y añadieron que “privaron ilegalmente de su libertad a las cuatro víctimas, a las que llevaron a la sede de la Seccional Octava, en donde las mantuvieron –sin orden judicial ni fiscal– hasta las 10 de la mañana del día siguiente”.
Hernández y Jiménez precisaron que “en la sede de dependencia policial, los cuatro imputados agredieron físicamente a las víctimas, las introdujeron en una oficina y las obligaron a desnudarse”. También detallaron que “una vez que se habían sacado la ropa, los policías volvieron a agredir físicamente a los cuatro detenidos. Lo hicieron con golpes de puño y con patadas, con un cinto con hebilla y con un palo de madera de escoba, el que finalmente se partió a raíz de los golpes propinados a uno de los hombres agredidos”.
“Además, a dos de ellos les aplicaron otros tormentos. Les introdujeron la pistola reglamentaria en la boca y gatillaron con el objetivo de simular un fusilamiento; utilizaron el palo de escoba para amenazarlos con la comisión de delitos contra la integridad sexual; y golpearon con una sartén y con una pala de limpieza a uno de los detenidos”, describieron los fiscales.
También sostuvieron que “mientras se desarrollaba esta sesión de torturas, los policías imputados les exigían a las víctimas información acerca de una computadora portátil que habría sido sustraída ese mismo día de la dependencia policial, a la vez que los amenazaban con ‘hacerlos boleta’ y prender fuego la vivienda de uno de ellos si efectuaban la denuncia de lo que estaban padeciendo”.
“Por último, y con el objetivo de dotar de apariencia de legalidad los allanamientos ilegales realizados y las privaciones ilegítimas de la libertad de las víctimas, los dos oficiales insertaron declaraciones falsas en las actas de procedimiento y en el libro de guardia de la Seccional Octava”, indicaron los fiscales. “De esta manera, pretendieron documentar que los hechos ocurrieron en forma distinta a lo denunciado por las víctimas”, argumentaron.
Imputaciones
Las cuatro personas imputadas son el oficial RL de 40 años y la oficial EY de 30. Por su parte, los suboficiales investigados son dos hombres cuyas iniciales son SAG de 35 años y AEO de 31.
La persecución penal de los delitos cometidos con violencia institucional es una de las prioridades de política criminal de la Fiscalía Regional de la Primera Circunscripción Judicial. En ese marco, Hernández y Jiménez aclararon que “los cuatro imputados son investigados como coautores de los delitos de torturas; lesiones leves; apremios ilegales, amenazas coactivas; privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales”. En tal sentido, añadieron que “a los dos oficiales y a uno de los suboficiales, también se los investiga como coautores de allanamiento ilegal; hurto calificado (por ser miembros integrantes de una fuerza policial); encubrimiento calificado (por ser el hecho precedente un delito especialmente grave y por ser cometido por funcionarios públicos); falsedad ideológica en instrumento público calificada (por ser cometida por funcionario público con abuso de sus funciones)”.
“Como consecuencia de todo lo ocurrido, fueron constatadas múltiples lesiones, escoriaciones y cortes en distintas partes de los cuerpos de las víctimas”, remarcaron los fiscales y concluyeron que “los cuatro hombres padecieron un grave sufrimiento psicológico y físico”.
