Es para abonar saldos pendientes de cancelación con proveedores.
Tras la polémica por la exclusión de parte del personal de salud privada del programa de asistencia Repro II, el Gobierno decidió otorgar otro tipo de ayuda económica a las obras sociales.
Según se publicó hoy en el Boletín oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió otorgar $1000 millones a obras sociales para atender saldos pendientes de cancelación con proveedores. Mediante la Resolución 249/2021 aprobó el procedimiento de pago a cuenta a 234 agentes del seguro de salud, con saldos pendientes, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR).
El desembolso del Gobierno alcanza solamente a obras sociales y deja de lado a las prepagas. No es el primer desaire oficial a estas últimas. A fin de año, por ejemplo, se autorizó y se suspendió un aumento de 7% para las prepagas en cuestión de horas. Finalmente, el 30 de enero, se terminó autorizando una suba de 3,5% que será efectiva a partir de marzo.
En diciembre, además, trascendió la intención del Gobierno de crear un sistema único de salud. La idea, impulsada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, implicaría una integración entre lo público, lo privado y las obras sociales. Referentes del sector de medicina prepaga rechazaron la idea y alertaron sobre el avance estatal sobre los servicios privados de salud.
Los sindicatos más beneficiados
La distribución de los fondos entre las obras sociales contempladas en la normativa no es equitativa. En el podio está la cobertura médica de los empleados de comercio, que cobrará casi $80 millones. La sigue la obra social del personal de la construcción, que percibirá cerca de $59 millones. En tercer lugar se ubica la cobertura de los gastronómicos, que recibirá más de $43 millones. A continuación se ubica la obra social de los choferes de camiones, el sindicato conducido por Hugo Moyano, con algo más de $42 millones.
En sus considerandos, la resolución precisó que, “en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para cumplir con la tarea asignada y la imposibilidad de cumplir con el análisis y evaluación de expedientes físicos desde sus hogares o por acceso remoto, sumado ello a la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, deviene necesario mantener la continuidad en el sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.
Además, remarca que “resulta imperativo” que la Superintendencia de Salud adopte nuevas medidas con el objeto de “garantizar a través del reparto de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud”.
Según se especificó, el pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los agentes del seguro de salud, pendientes de cancelación al día de la fecha y aquellas que se presenten en el futuro.
En mayo del año pasado, las obras sociales ya había recibido una asistencia económica excepcional de $10.000 millones por parte del Gobierno en el contexto de la pandemia.
