“Felicitamos al hermano presidente por devolver al FMI el crédito entreguista, oneroso y condicionado asumido por la dictadura en contra de los intereses de nuestro pueblo. Bolivia nuevamente es libre, digna y soberana”, expresó Morales.
El expresidente de Bolivia Evo Morales celebró la decisión de su país de devolver al Fondo Monetario Internacional (FMI) un millonario crédito contraído en 2020 por el último gobierno de facto para la lucha contra el coronavirus, mientras el titular de la Asamblea Legislativa anunció que impulsarán un juicio de responsabilidades contra las exautoridades que tomaron ese préstamo.
“Felicitamos al hermano presidente (Luis Arce) por devolver al #FMI el crédito entreguista, oneroso y condicionado asumido por la dictadura en contra de los intereses de nuestro pueblo. Bolivia nuevamente es libre, digna y soberana”, escribió Morales en su cuenta de la red Twitter, con la etiqueta #VamosASalirAdelante
La decisión adoptada el miércoles por el Ejecutivo de devolver ese préstamo abrió dos discusiones centrales: por un lado, el hecho de que solo por “variación cambiaria, intereses y comisiones” se pagaron 24,3 millones de dólares, lo que da idea de las condiciones del crédito; y por el otro, si caben responsabilidades penales a quienes firmaron el acuerdo, que es lo que el legislativo analiza investigar.
Bolivia anunció el miércoles por la noche que devolvió al FMI un millonario crédito contraído por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, en 2020, supuestamente para destinarlo a enfrentar la pandemia de Covid-19, por las imposiciones del organismo internacional.
Felicitamos al hermano presidente @LuchoXBolivia por devolver al #FMI el crédito entreguista, oneroso y condicionado asumido por la dictadura en contra de los intereses de nuestro pueblo. Bolivia nuevamente es libre, digna y soberana. #VamosASalirAdelante pic.twitter.com/6yleqRIcDh
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 18, 2021
“El Banco Central de Bolivia (BCB) como agente financiero del Gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares estadounidenses”, señaló el órgano emisor.
Los 351,5 millones de dólares corresponden a los 327,2 millones de dólares acordados en abril de 2020 por Áñez, y los 24,3 millones de dólares por variación cambiaria e intereses y comisiones.
El BCB explicó que “realizó la devolución” por varias razones, como que el mismo era “oneroso” y fue “gestionado irregularmente” por el Gobierno de facto de Áñez, quien sustituyó en noviembre de 2019 al exmandatario Morales, en medio de una revuelta.
La entidad bancaria boliviana también acotó en su comunicado que hizo un análisis del crédito financiero y que determinó que el FMI condicionó su ayuda “a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias”, sin dar más detalles.
El BCB, que depende del Ejecutivo de Luis Arce, también anunció que realizará acciones civiles y penales contra funcionarios gubernamentales que tengan responsabilidad en la gestión del apoyo financiero del FMI, informó la agencia de noticias AFP, en línea con lo que analiza la Asamblea Nacional.
En su momento, las autoridades de facto enviaron al Parlamento una ley para aprobar el crédito, pero el Congreso, controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), lo rechazó por falta de documentación.
Este jueves, el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, informó que en la Asamblea Legislativa se evalúa el inicio de un juicio de responsabilidades contra exautoridades del régimen por ese préstamo, porque “el daño económico es evidente”, de acuerdo con lo que publicó la estatal agencia ABI.
“Son aproximadamente 24 millones (de dólares). Es bastante. Estamos tomando conocimiento de este tema y evaluando entre hoy y la próxima semana. Veremos la posibilidad de interponer una demanda. Sin duda, esto corresponde contra el gobierno de facto por el daño económico”, aseveró el titular del Senado.
El titular del BCB, Edwin Rojas Ulo, en tanto, advirtió que el análisis de la entidad “también determinó que el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI condicionó a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias, incumpliendo con lo establecido los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas conexas vigentes, vulnerando de esa manera la soberanía e intereses económicos del país”.
En una defensa casi personal, Óscar Ortiz, ministro de Economía en casi toda la gestión de Áñez, consideró a la decisión del Ejecutivo de Arce “un error por motivaciones ideológicas”.
“Primero, bloquearon la aprobación de esta operación financiera en la Asamblea y con la devolución de estos recursos al FMI privan al país de más de U$S 300 millones que se necesitan para la reactivación. Disminuyen las reservas internacionales y complican las posibilidades de financiamiento internacional. Esta será una mala señal que se da a la comunidad internacional”, cuestionó Ortiz.
El extitular de Economía afirmó que el costo de esta línea de emergencia es “menor a la de otros créditos internacionales”, por lo que los argumentos que se usan no son reales y buscan “camuflar una decisión política”.
El empresario Branko Marinkovic, también ministro de la administración Áñez, advirtió que “Bolivia no necesita de modelos que fracasaron en todos los países que se aplicaron sin excepción, sino que necesita reactivar la economía a través del esfuerzo conjunto de Gobierno y privados” y lamentó que Arce insista con “un modelo fallido”.
El exdirector del BCB José Gabriel Espinoza lamentó que desde la entidad se disponga “una acción política”, y alertó que si el Banco hizo los pagos y la devolución, como dijo Rojas Ulo, “se está ante un daño económico muy fuerte a la institución, porque es una una obligación que no le corresponde”, según reseñó el sitio del diario El Deber.
Desde el MAS, el diputado Juanito Angulo respaldó la chance de un proceso por “la pérdida de 24 millones” de dólares contra Áñez y sus ministros, y remarcó que el gobierno “no puede asumir un crédito que fue tramitado con irregularidades y que no fue aprobado por la Asamblea”.
