Es por “defraudación y malversación de caudales públicos” e incluye a funcionarios de su gobierno como Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.
La Oficina Anticorrupción (OA) presentó hoy una denuncia penal contra el expresidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su gobierno por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos” por procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concesión de un préstamo por más de 44 mil millones de dólares.
La presentación, a la que tuvo acceso Télam, se basa en informes suministrados por el Banco Central de la República Argentina y la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación y alcanza al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris.
Fuentes de la OA informaron que el organismo que encabeza Felix Crous formalizó esta denuncia ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5.
La denuncia
En la presentación reseña que el 20 de junio de 2018, el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado “a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados”.
Con esos fondos, los funcionarios del gobierno de Macri “ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional”.
La decisión de suscribir “con urgencia y a como diera lugar el mayor empréstito otorgado por el FMI en su historia -con la correspondiente complacencia del organismo- “se expresó en la violación de las normas esenciales para esa decisión”.
La OA recordó las manifestaciones del ex asesor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y actual presidente del BID, Mauricio Clever Carone, quien en su exposición en el Consejo de Relaciones Internacionales de Chile explicó las razones de la concesión de un préstamo “inédito” a Argentina.
“La razón no era otra que ayudar a la reelección presidencial del por entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri”, se recalca en la denuncia del organismo, y se afirma que para “comprender cabalmente la maniobra es necesario obtener, en el transcurso de la pesquisa, tanto el listado completo de las personas físicas y jurídicas beneficiadas por la maniobra ilícita, así como determinar el tipo de vinculación que pudieran mantener con los funcionarios denunciados”.
La OA solicitó “conocer si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores, y si estos pudieron prevalerse de información privilegiada -y quién la suministró-, para asegurar esas ganancias, que son el espejo del perjuicio que debe afrontar la mayoría del pueblo argentino”.
Para el organismo oficial, el gobierno de Macri evitó “cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito”.
“Lo cierto es que entre mayo de 2018 y hasta que fueron restablecidos tardíamente los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI se desembolsaron casi USD 44,5 mil millones. Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los USD 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por USD 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por USD 36,9 mil millones”, se subraya.
En el texto de la denuncia se insiste en que “el FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento del empréstito como con el control de su ejecución”, algo que no resulta casual sino causal la coincidencia de las sumas, en tanto los USD 44,5 mil millones obtenidos mediante el empréstito con el FMI resultan muy cercanos a los USD 45,1 mil millones fugados por capitales especulativos y los USD 46,1 mil millones de Lebacs emitidos a junio de 2018″.
Por tanto, el proceso “fue espurio porque las autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y la salida de estos de la plaza local, garantizando con su deliberada pasividad la toma de ganancias de los especuladores a expensas del patrimonio público”.
Las imputaciones
“Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos.
Todos ellos “violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), y eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305)”.
De esta forma se soslayó la emisión del dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros para el inicio de las negociaciones de la operación.
“Se trató de un programa calculado y ejecutado con el objeto de generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado, en perjuicio del interés del pueblo argentino, el que debían gestionar y custodiar con fidelidad. Las omisiones y violaciones a sus deberes de los funcionarios fueron las formas mediante las cuales se materializó parte del fraude”, subraya la denuncia.
Esta presentación está en línea con la decisión del presidente Alberto Fernández de iniciar una querella criminal contra Macri y varios funcionarios de su gobierno por el endeudamiento contraído con el FMI, y que se anunció el 1 de marzo durante la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso.
